Derechos humanos de migrantes, reto de SCJN: Silva Meza

CIUDAD DE MÉXICO (30/SEP/2013).- Las personas migrantes y sujetas de protección internacional representan uno de los mayores retos en materia de derechos humanos, ya que respetar y garantizar sus derechos implica superar el concepto limitado de ciudadanía, afirmó este lunes el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN), Juan Silva Meza.

Durante su intervención en la presentación del nuevo Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, el ministro presidente señaló que con ello se refrendan con acciones el compromiso con el respeto, garantía y protección del proyecto de vida de todas las personas que a partir de la reforma constitucional, han sido colocadas en el centro del accionar del Estado.

Al respecto, Silva Meza agregó que de ésta forma se continuará cumpliendo "con la obligación de implementar la reforma constitucional en materia de derechos humanos, dotando a los juzgadores del país y a los operadores jurídicos con herramientas e instrumentos que puedan resultar útiles en su tarea común por defender los derechos de las personas".

La Corte consciente de que la obligación de proteger los derechos humanos de las personas corresponde a todas las autoridades del país, y en congruencia con su carácter en el sistema constitucional mexicano, ha asumido un liderazgo del nuevo modelo de Estado mexicano, orientado hoy por la Constitución hacia la máxima protección de los derechos, destacó.

"El trabajo de este alto tribunal, tanto en lo administrativo, como en lo jurisdiccional, constituye así la zona de mitigación, en relación con la implementación de la reforma constitucional, para evitar que se desborde o se vuelva inoperante en perjuicio de los derechos de las personas", expresó.

Como resultado, dijo, la Corte conducirá y canalizará la implementación de la reforma constitucional para garantizar que alcance buen puerto y con ello, que la protección de los derechos humanos de las personas sea la razón de ser del Estado mexicano en su conjunto.