Denuncian impunidad total en casos de tortura en México

CIUDAD DE MÉXICO (16/FEB/2016).- Como absoluta fue descrita la impunidad en casos de tortura, en las audiencias públicas sobre la Ley General en Materia de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, en el Senado, donde se plantearon propuestas de que estas denuncias sean investigadas por una fiscalía autónoma.

El director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara Bermúdez, informó que a una solicitud de información, la PGR reportó que entre el primero de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2014 recibió cuatro mil 55 denuncias por tortura.

De ese paquete, mil 273 denuncias de tortura son imputables a las fuerzas armadas, a la vez de que por otras mil 884 se abrieron averiguaciones previas, y de ese grupo sólo se consignó a once personas, y en cinco casos hay sentencias condenatorias que no es posible conocerlas, dijo Guevara Bermúdez.

La impunidad en la práctica de la tortura es de hecho absoluta, y para perseguirla con eficacia se debe crear una fiscalía independiente, cuyo titular sea nombrado en un procedimiento que incluya al Senado, plantearon organizaciones de la sociedad civil en la audiencia pública sobre el proyecto de legislación en la materia.

Bajo la conducción de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña Gómez, se llevaron a cabo diálogos entre especialistas, autoridades y organizaciones sociales, en los que también se propuso que se cuide no caer en el “populismo penal”, de fijar penas altas a la comisión de delitos, sin cuidar que se cumpla la ley.

Los ponentes comentaron aspectos de dos iniciativas del Ejecutivo federal y de la senadora Angélica de la Peña Gómez, y se presentaron advertencias de que las mejores reformas que se planteen irán al fracaso si antes no se reconstituyen las instituciones que deben aplicar la norma.

Julio Hernández Barrios, comisionado de la Comisión de Atención a Víctimas, planteó que “la tortura es una de las prácticas más perversas que el ser humano puede tener, porque parte de la desigualdad, del abuso de poder, de la vulneración de los derechos y del daño a la dignidad del torturado”.

Miguel Sarré Iguíniz, investigador del ITAM en la materia, dijo que la legislación en materia de tortura es parte de un cambio que incluye el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal.

El Código, señaló, obliga a todos los servidores públicos a denunciar los hechos delictivos de que tengan conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones. Y ello atañe a los jueces que deben dar vista de casos de tortura, y se debe reforzar esta disposición para efectos de denuncia.

Observó Sarré que son caldo de cultivo para la tortura, el allanamiento de morada, robo cometido por servidores públicos, extorsión, falsedad, abuso de autoridad, violación de correspondencia y la detención arbitraria, la cual no está tipificada como delito.

Contra la tortura, dijo, “necesitamos penas bajas, pero que se cumplan efectivamente”, y no caer en el fenómeno del populismo penal de elevar las penas pensando que en la mera elevación se van a lograr resultados.

Rafael Estrada Michel, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, dijo que el delito de tortura es imprescriptible, de persecución oficiosa, y se persigue evitar la impunidad en esta materia.

El comisionado de Atención a Víctimas, Hernández Barrios, advirtió que “la tortura sigue entre nosotros con nuevos métodos de práctica, más sofisticados en donde poner al servicio del torturador la ciencia y los adelantos para causar más dolor para infligir más pena y para dañar más la dignidad de las personas”.

Previno la incapacidad oficial para cumplir sus funciones, ya que “es evidente –dijo—que no se ha logrado que las instituciones a las que se les reprocha la práctica de la tortura, tratos inhumanos y la crueldad sanen su ejercicio operativo”.

José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, acusó que la impunidad en casos de tortura es absoluta y que con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, de 1991, ha sido seguida de una “práctica indolente de no investigar”.