Déjenos vivir en paz

Es lo que esta mañana, en Morelia, 31 excarcelados del michoacanazo le van a pedir al Gobierno de Felipe Calderón. Están preocupados, y no es para menos. La Procuraduría General de la República insiste en señalarlos como culpables de haberle dado apoyo y protección al cártel de La Familia Michoacana cuando ejercían sus cargos de alcaldes y funcionarios, a pesar de que el Poder Judicial ya los liberó por falta de pruebas a algunos, y a otros simple y llanamente los exoneró. En medio de la guerra entre cárteles, no es muy seguro andar por las calles con una etiqueta al cuello, puede darles ideas a los adversarios de ese grupo y por eso los ex funcionarios hacen responsables a las autoridades de su seguridad y la de sus familias.

El miércoles pasado, y cuando muchos esperaban, o exigían, que el Gobierno ofreciera, si no perdón al menos una explicación de cómo había encarcelado equivocadamente a juicio del Poder Judicial a 34 personas entre alcaldes electos y funcionarios de un Gobierno perredista, el procurador y la titular de la SIEDO Marisela Morales salieron a defender su actuación y a acusar a un juez de haberlos liberado “con criterios que contravienen la ley y los criterios de otros tribunales”. Es decir, la PGR salió a decir que los sigue considerando culpables. Los argumentos de la PGR son los siguientes: varios jueces intervinieron en el proceso y todos menos uno, el que llevó el caso durante meses, encontraron elementos para darle la razón a la parte acusadora.

Se quejan de que el juez primero de Distrito no aceptó como buenas las declaraciones de los testigos protegidos. Y esto más bien parece una confesión de la debilidad. ¿Por qué? Porque si la PGR tuviera en su poder fotografías de los alcaldes y funcionarios en compañía de reconocidos narcotraficantes, o si tuviera números de cuentas de banco y depósitos inexplicables, o propiedades comprobadas de los acusados con valor superior a lo que sus ingresos acumulados permitirían explicar, o grabaciones de llamadas telefónicas comprometedoras, o señalamientos concretos por parte de miembros detenidos del grupo delictivo en cuestión, ¡no habría manera de que estos señores estuvieran hoy en la calle! Pero la verdad es que no tienen nada de eso y su acusación dependía de esos testigos.

Recibí del grupo de exculpados una lista de algunas de las contradicciones en la que incurrieron estos testigos y que Marisela Morales califica “de contradicciones no de fondo, sino más bien en detalles”. Hay errores en los nombres de los acusados, en los cargos que ocupaban, en las fechas en que tenían estas responsabilidades. No parecen menores, pero ésa es la tarea de los jueces y por lo pronto el que pasó meses revisándolas optó por liberarlos.

¿Es todo lo que tiene que decir el Gobierno sobre el caso? ¿No merecemos una explicación de fondo? ¿La merecen los señalados y sus familias? ¿Alguien le ha dicho al Presidente lo que contiene el expediente?
En fin. Qué difícil es pedir perdón.