Déficit, enfermedades, corrupción y baja instrucción vulneran a policías

CIUDAD DE MÉXICO (29/DIC/2010).- Las deficiencias en las policías de México son balazos a la seguridad pública.

De los dos mil 440 municipios, 400 no tienen agentes propios y mil 060 cuentan con menos de 20 elementos.

Trabajadores de la Policía Federal, 19 secretarías estatales y el Distrito Federal, así como 17 capitales y la ciudad de Mexicali, presentaron 502 mil 939 licencias médicas en el pasado trienio, que sumaron un ausentismo de tres millones 077 mil 915 días en detrimento de la fuerza pública (las restantes corporaciones en las entidades o capitales no tienen registro o niegan información).

En este escenario, 60.9% de los policías municipales gana menos de cuatro mil pesos y el crimen organizado financia con mil 277.27 millones de pesos mensuales a los agentes municipales, releva la Secretaría de Seguridad Pública federal.

En los ayuntamientos, 68.3% de los gendarmes tiene una escolaridad que apenas llega a educación básica (entre primaria y secundaria) y 1.9% es analfabeta.

El tiempo promedio de entrenamiento en algún instituto de formación policial sólo alcanza la media nacional de 160 días.

“Hay graves problemas para enfrentar al crimen —lamenta Eduardo Gallo y Tello, representante de la organización México Unido Contra la Delincuencia—. En 2008, el promedio de los delitos federales era de 5%, mientras los del fuero común ascendían a 95%. Pero esa relación cambió: ahora la delincuencia organizada comete delitos catalogados del fuero común, ejecutados por profesionales.

El crimen organizado ahora roba carros, asalta en vía pública, roba casas y negocios… está golpeando muy fuerte a la población con equipos especializados. El problema es que los gobernadores y los alcaldes no han asumido su responsabilidad, mientras el Gobierno federal sigue con su estrategia de ‘violencia para enfrentar violencia’, lo cual nos lleva a una escalada de más violencia”.

Recalca que los puntos abordados en el Acuerdo Nacional por la Legalidad, la Seguridad y la Justicia de 2008, “desde que se firmaron eran un fraude”.

“Si se revisa el Plan Nacional de Desarrollo y los programas de seguridad, repitieron todo en el Acuerdo (signado en agosto de 2008), lo cual era una obligación de los funcionarios federales desde el primer día del sexenio; sin embargo, todos incumplieron”.

Esta situación se refleja en la omisión general a los periodos obligatorios para la depuración y fortalecimiento de instituciones de seguridad y procuración de justicia; en los centros estatales de control de confianza certificados; en la evaluación permanente y de control de confianza en instituciones policiales y de procuración de justicia, migración y centros de readaptación; en el Sistema Nacional de Desarrollo Policial y en el Sistema Nacional de Desarrollo de Ministerios Públicos.

El 2 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero el cumplimiento integral del ordenamiento se extiende a cuatro años.

“Se requieren tres puntos fundamentales para consolidar esa ley —asevera María Elena Morera, presidenta de la Asociación Causa en Común—: que operen y estén certificados los centros de control de confianza, la profesionalización de la Policía y el servicio civil de carrera. Si no tenemos estos tres puntos, no tendremos una buena Policía. Lamentablemente, quienes incumplen son los gobernadores.

Salen de las reuniones del Consejo de Seguridad y los acuerdos se quedan en el papel”.

La ley

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública crea instancias de inteligencia e información criminalística. De manera progresiva y en un plazo de cuatro años, se ordena que todas las instituciones de seguridad pública practiquen las evaluaciones respectivas a sus integrantes mediante la creación de centros de evaluación y control de confianza. Quien no cuente con certificación, deberá ser separado de la corporación correspondiente.

El control de confianza es un esquema de profesionalización basado en principios y valores sólidos para sustentar una cultura institucional, explica Luz del Carmen Díaz Galindo, titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCyA), del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La certificación de policías tiene por objeto reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus funciones; pero también identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales para garantizar la calidad de los servicios.

— ¿Cuál es la evaluación de las policías a dos años de la entrada en vigor de la nueva ley?
En este momento no tengo los datos suficientemente claros (de cómo se encuentran las policías en México) porque estamos analizando a fondo —responde Díaz Galindo—, pero todos los centros deben trabajar para no tener corrupción, adicciones, infiltración. Los procesos de certificación en los centros de evaluación y control de confianza ya se aprobaron en la PGR y en la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno federal, así como en el Distrito Federal, Baja California, Sinaloa, Guanajuato, Nuevo León, Estado de México y Tamaulipas. Trabajamos con los estados para que los resultados de evaluación tengan contundencia y objetividad, por eso se estableció un modelo nacional para que todos trabajemos de manera homogénea.

— Ante los tiempos electorales de 2011 y 2012, ¿se cumplirá con el ordenamiento?
— Estamos trabajando con los estados, sólo nos preocupan Hidalgo, Nayarit, San Luis Potosí, Veracruz y Quintana Roo; éste es el Estado más atrasado. No tengo la seguridad de que estén listos en los términos de la ley (es decir, que en cuatro años todos los policías estén certificados).

Nuevo modelo

La Secretaría de Seguridad Pública federal también promueve en el país el llamado Nuevo Modelo Policial, que pretende mejorar a las corporaciones. Éste reforma los procedimientos al interior de las policías comenzando por el reclutamiento, selección e ingreso de los elementos, para pasar por su desarrollo y ascenso, hasta llegar a la separación del cargo en una cadena de fases.

El modelo pone énfasis en la evaluación de los policías para implementar un filtro eficaz en el reclutamiento y selección de personas con los perfiles idóneos para este servicio público fundamental en la tarea del Estado, revisión que considera de manera permanente con la implementación de las pruebas de control de confianza, que incluyen exámenes en los campos médico, toxicológico, sicológico, poligráfico y socioeconómico.

Este modelo forma parte de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que puede alcanzarse con la implementación del Sistema Integral de Desarrollo Policial (Sidepol), que regula la cadena de fases expuesta.

Incidencia delictiva

La profesionalización de las policías estatales y municipales es fundamental en México.
En 2009, 93% de los delitos denunciados tuvo relación con el fuero común: el robo ocupó 37.7%; las lesiones dolosas, 10.5%; los homicidios dolosos, 0.9%; la violación, 0.8%, mientras el secuestro, 0.1 por ciento.

Los delitos del fuero federal representaron 7% (contra la salud: 3.5%, y contra la ley de armas de fuego: 0.8%, principalmente), de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El fuero común es responsabilidad de las policías estatales y municipales.

“El problema en la seguridad pública en México es que no existen policías de carrera”, señala Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, “no tienen una profesión; para ellos es algo transitorio y circunstancial. Lo toman como una manera de hacer negocio para sentirse importantes. Por si fuera poco, los policías están expuestos a la corrupción, que es un problema generalizado en todos los cargos públicos propiciado por la sociedad civil. De una evaluación a 260 mil elementos, sólo 6% resultó apto para desempeñar su trabajo”.

En México, la fuerza policial preventiva y ministerial asciende a 423 mil 014 elementos entre la Federación, estados y municipios, una cantidad insuficiente para proteger a 112 millones de habitantes (el promedio recomendado por la ONU es de 2.8 policías por cada mil habitantes).

Para Orlando Camacho, representante del Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana (México SOS), las corporaciones distan de tener elementos confiables de manera general.

“Esto se comprueba en el hecho de que las policías municipales y estatales no actúan contra delitos como extorsión, homicidios y secuestros, mientras éstos van en aumento y dependen de ellas en gran parte. Esto se debe a la crisis de las instituciones, por eso vemos la participación de policías en las bandas de secuestradores y en los cárteles (del narcotráfico). Hay una colusión”.

De los avances en la implementación de la ley y el Acuerdo Nacional por la Seguridad, abunda que “son pocos, magros. Hay un esfuerzo, pero las cosas van atrasadas. En las próximas elecciones se corre el riesgo de que las cosas se estanquen más”.

María Elena Morera, por su parte, detalla sobre las políticas en materia de seguridad y justicia: “La Ley de Seguridad Pública no está consolidada. En la política de Felipe Calderón lo más importante es el nuevo sistema acusatorio, a través de los juicios orales, y la consolidación de la Policía Federal.

En el primero, los gobernantes no están preparando a los ministerios públicos, a los policías investigadores y jueces. Han implementado todo sin bases, y en Chihuahua (pionero en la implementación de los juicios orales) se está cayendo el sistema acusatorio porque no capacitaron a la gente.

En el segundo tema, el sexenio inició con una Policía Federal de Caminos con soldados prestados, pero ahora hay más de 30 mil federales. El problema es que no se ha consolidado la corporación con la utilización de las mejores prácticas y profesionalización. Si el Presidenteno consolida el sistema acusatorio y la Policía Federal, no se logrará nada importante en materia de seguridad y justicia en este sexenio”.

En el Congreso de la Unión se encuentra frenado el Mando Único Policial, proyecto federal que pretende combatir la delincuencia organizada, pero es reprobado por los presidentes municipales porque “invade sus funciones”. En el tintero también están las iniciativas contra el “lavado de dinero” y el fuero militar.

Las juntas de Coordinación Política del Senado y de la Cámara de Diputados decidieron debatir los tres puntos anteriores hasta el próximo año, pero se prevé un escenario complicado para lograr acuerdos porque en 2011 habrá elecciones, la más llamativa en el Estado de México. Y en 2012 se avecina la lucha por la silla presidencial de la República.

Dos mil 076 caídos

En el combate al narcotráfico y crimen organizado han muerto dos mil 076 policías entre diciembre de 2006 y julio de 2010: 463 federales, 698 estatales y 915 municipales, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública federal.

FRASES

“Debemos exigir una explicación del por qué los gobiernos no toman cartas en el asunto para controlar el ausentismo por incapacidades médicas en las policías. Urge una Policía de carrera”
Isabel Miranda de Wallace,
presidenta de la Asociación Alto al Secuestro.
 
"Si el Gobierno federal no consolida a la Policía Federal y al sistema acusatorio (juicios orales), terminará la administración con un fracaso en materia de seguridad y justicia"
María Elena Morera,
presidenta de la Asociación Causa en Común.

"El Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia es un fraude. Tenemos graves problemas para enfrentar al crimen porque la delincuencia organizada comete delitos catalogados del fuero común"
Eduardo Gallo y Tello,
representante de México Unido Contra la Delincuencia.

Policías de los gobiernos estatales y capitales del país
El calvario de la transparencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Las secretarías estatales de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Coahuila, Chihuahua, Durango, Sonora, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Morelos y Chiapas, mostraron total transparencia en la entrega de información sobre las incapacidades médicas de sus empleados, con una base de datos consolidada sobre estos indicadores. En cuanto a las corporaciones municipales (capitales de las entidades) sobresalen en este sentido Monterrey, La Paz, Ciudad Juárez, Culiacán, Hermosillo, Guadalajara, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.

De manera general, la Región Centro Sur (Distrito Federal, Estado de México y Morelos) es la más transparente y eficaz en la captura de datos. Las regiones Occidente y Sureste violentan, en su mayoría, la Constitución y las leyes de Transparencia.

La conformación de la base de datos tuvo una duración de ocho meses y se sustenta en información proporcionada por los gobiernos estatales y municipales. Por entidad federativa o ayuntamiento se emitieron en promedio ocho solicitudes de información. “Esta dependencia no es la competente”, “No entiendo su pregunta”, “La información es inexistente”, “La información está reservada”, “Se solicita prórroga para dar respuesta a su solicitud” y “Se entrega información parcial”, fueron algunas de las respuestas emitidas por los sujetos obligados. Hubo una insistencia sistemática a varias dependencias de cada Estado, Ayuntamiento y Federación para conseguir la estadística.

En resumen, entregaron información total o parcial 19 secretarías estatales de Seguridad Pública y el Distrito Federal. Otras 12 negaron o no cuentan con información sobre las incapacidades médicas. En cuanto a las corporaciones en las capitales del país, entregaron información total o parcial Saltillo, Monterrey, La Paz, Ciudad Juárez, Culiacán, Hermosillo, Colima, Guadalajara, Pachuca, Puebla, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Toluca, Cuernavaca y Oaxaca, así como Mexicali (se incluyó porque Tijuana violenta la Constitución al no tener sistemas electrónicos para solicitarle información). Otras 15 negaron o no cuentan con registros sobre incapacidades médicas (ver gráficos “Incapacidades médicas 2007-2009”).

LA CONSTITUCIÓN

En 2002 se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y el 20 de julio de 2007 se reformó el Artículo Sexto de la Constitución Política de México.

Entre las modificaciones, la Federación, los estados y el Distrito Federal deben contar con sistemas electrónicos (internet) para que cualquier persona pueda hacer uso a distancia, de los mecanismos de acceso a la información y de los procedimientos de revisión a los que se refiere este decreto, a más tardar en julio de 2009. Lo anterior significa que deben tener sistemas electrónicos de solicitudes de información que faciliten la transparencia y la rendición de cuentas; de lo contrario, violentan la Constitución.

La plataforma Infomex es la más eficaz, pero hay otros sistemas internos, como el que utiliza el Estado de México.

REVELACIONES

Las deficiencias en las policías de México también se demuestran en la agenda mediática. El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, externó su preocupación por el riesgo que corre el Ejército de perder su prestigio público si se alarga el combate al crimen organizado, de acuerdo con un cable difundido por WikiLeaks, fechado el 26 de octubre de 2009, con origen en la Embajada de Estados Unidos en México. Éste revela que Galván sostuvo una reunión con el entonces director de Inteligencia estadounidense, Dennis Blair, en la que recalcó su desconfianza a las policías locales. Reconoció que las operaciones conjuntas se dificultan por la falta de planeación e información, y porque la corrupción de funcionarios perjudicó acciones pasadas.

FRASE

"Las organizaciones civiles se están involucrando en estos temas, entonces la sociedad no dejará que las cosas pasen como si nada. Es la parte nueva que debemos aprovechar"
Orlando Camacho,
secretario de México SOS.