Defensa de Cassez acude a la Corte

CIUDAD DE MÉXICO (16/MAR/2012).- La defensa de Florence Cassez acudió este viernes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exponer a los ministros sus argumentos a favor de que la ciudadana francesa, sentenciada a 60 años de prisión, sea liberada.

Agustín Acosta Lagunes, titular de la defensa, confirmó que se entrevistó con algunos de los ministros que integran la Primera Sala, donde el 21 de marzo se votará el proyecto del ministro Arturo Zaldívar que propone liberar a su representada.

"Me escucharon", dijo por todo comentario sobre las reuniones el abogado, quien reiteró su convicción de que Cassez debe salir en libertad porque en los seis años que han transcurrido desde su detención no se ha probado su culpabilidad.

Insistió en que la violación de los derechos fundamentales de Cassez, y especialmente la escenificación de la captura, contaminó todo el proceso en su contra, y esas violaciones al proceso anularon cualquier posibilidad de certeza que permita establecer más allá de toda duda razonable una culpabilidad.

"Sería muy sano para el país que se concediera el amparo. Se dice que si eso ocurre todos pierden, yo creo que no, yo creo que ganamos todos: gana el gobierno, porque se le obliga a elevar sus estándares, y ganamos los ciudadanos, porque se definirían con mayor certeza los procedimientos de detención", manifestó.

El abogado rechazó que las violaciones al debido proceso sean un tecnicismo o un detalle formal, como sostienen quienes exigen que Cassez permanezca en prisión, pues el debido proceso protege derechos humanos y fundamentales que establecen límites que el Estado no puede rebasar.

"Los derechos de las víctimas y de los inculpados forman parte de una misma ecuación, por lo que si no hay respeto al debido proceso penal, no puede establecerse la culpabilidad de nadie, ni hacerse justicia a las víctimas", expuso.

Acosta Lagunes reconoció que la Procuraduría General de la República es una parte legitimada en el asunto y puede litigarlo ante la Corte, pero cuestionó la intervención y el papel que han asumido en el caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno capitalino, Isabel Miranda de Wallace.

"La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no es parte del juicio de amparo. La misma Constitución (artículo 102) le impide intervenir en asuntos jurisdiccionales. Sorprende que la CNDH se alce en crítica de un proyecto que apuntala el debido proceso", señaló.

Consideró que es igualmente criticable que "una actora política (precandidata a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal) que no es parte en el juicio constitucional intervenga en un asunto ante el Alto Tribunal", y consideró que ése es un tema que debería revisarse.