De investigar ni hablamos

Los homicidios que se acumulan en el país son un hecho impactante por sí mismo pero vale la pena volver la vista a lo que significa en investigación diez mil asesinatos. En primer lugar la labor de los servicios forenses que necesitan más y mejores elementos para dictaminar casos tan complejos como los que suceden en Chihuahua y Guerrero. Basta ver las imágenes de los servicios forenses de Acapulco para darnos cuenta de las insuficiencias materiales y técnicas.

Cada homicidio un expediente, cada expediente una averiguación, cada averiguación debe ser investigada acuciosamente.

Cada familia afectada un rosario de reclamos a las autoridades. La conducción de las averiguaciones está en manos del Ministerio Público de cada estado, con los cual, podemos imaginar las diferencias que hay entre los agentes de estados como Baja California, el Distrito Federal con los que trabajan en Chiapas, Guerrero, Oaxaca o Michoacán. Hay que imaginar el calvario de trámites inútiles y la corrupción que filtra todos los muros posibles. Sólo algunos de los casos están a cargo de las autoridades federales, lo que presume más eficiencia. Tomando en cuenta que para cada caso debe hacerse una investigación expedita y exhaustiva, y que para ello es necesario que varias personas colaboren y que un agente del ministerio público pudiera resolver un caso cada tres meses, se necesitarían tres mil trescientos agentes del ministerio público, más los investigadores y técnicos, que bien podrían ser otros diez mil. Un ejército de personas profesionales que no existen, sino que sobre la exigua, infiltrada y lenta estructura burocrática descansa la investigación de estos delitos.

Si a los diez mil homicidios sumamos los setecientos mil robos y delitos patrimoniales que denuncian al año, y consideramos que son los mismos policías investigadores, las mismas procuradurías de justicia las que deben integrar los expedientes, pues de investigar ni hablamos.

La escalada de violencia que vivimos pone en evidencia la fragilidad e inoperancia del sistema de investigación y procuración de justicia. Le pasa lo mismo que a las cárceles: cada vez más con los mismos recursos, la misma estructura y la carga de la corrupción integrada.

En Jalisco se denuncian más de noventa mil delitos al año. La inmensa mayoría quedan impunes. Incluyendo los homicidios, secuestros y robos. Restaurar el imperio de la ley en estos miles de asuntos debe ser una prioridad, y para ello es necesario repensar el modelo de investigación policial, y los recursos que se dedican a esta labor. Porque todos sabemos que las investigaciones son precarias y que solo se da prioridad a lo más visible. Si queremos los resultados de siempre hagamos lo de siempre, si queremos mejores resultados debemos hacer cosas muy distintas. Imaginar soluciones agresivas contra la injusticia. Pensar en invertir muchos más recursos con sistemas más ágiles.

La impotencia ante la inoperancia de las instituciones llama a la desesperanza y la agitación.