GUADALAJARA, JALISCO (21/FEB/2017).- En el 2006 Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan fueron detenidas en Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil en Querétaro, y acusadas de secuestrar a agentes de la AFI. A ninguna le explicaron por qué las privaron de su libertad y se los aclararon hasta la sentencia final, en 2008 para Jacinta y en 2009 para Alberta y Teresa. Pasaron tres años y ocho meses encarceladas y hoy por primera vez en México la PGR emitió un perdón público por los hechos. Pero ¿de dónde vienen estas mujeres? Ellas son otomíes, pertenecen a un pueblo indígena que reside en el centro del país, mayormente en Hidalgo y Querétaro. Según los datos más recientes (2010) de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en México apenas el 9.8% de la población es indígena, es decir, 10 millones 103 mil 571 personas. Los otomíes representan el quinto pueblo indígena más números del país con aproximadamente 700 mil personas y de ellas, la mitad habla otomí según la dependencia. En el municipio del que son originarias las tres mujeres injustamente encarceladas, Amealco de Bonfil en Querétaro, habitan aproximadamente 23 mil 556 indígenas (cifra del 2010). Y aunque sólo 857 son monolingües y no hablan español, cuatro mil 37 no recibieron instrucción escolar y sólo 2 mil 244 terminó la secundaria. El pueblo hñähñu La palabra hñähñu está formada por dos partículas: hñä (significa hablar) y hñu (significa nariz). Entonces se dice que las personas que forman el pueblo hñähñu son aquellas que hablan la lengua nasal otomí. Las mayores concentraciones de poblaciones hñähñus se encuentran en los estados de Hidalgo, Estado de México, Querétaro y Veracruz. También hay poblaciones hñähñus en los estados de Puebla, Guanajuato y Jalisco, según la investigación de Luz María Chapela para la CDI. Detenidas en Querétaro El 6 de marzo de 2006, seis agentes de la AFI despojaron a varios comerciantes de sus mercancías en el mercado ambulante de Santiago Mexquititlán, estado central de Querétaro, alegando que se trataba de piratería. Los comerciantes exigieron a los agentes la exhibición de la orden que avalara sus acciones. El jefe regional de la AFI y un representante de la PGR acudieron al pueblo para dialogar. El mismo día, todos los agentes dejaron la comunidad después de acordar con los comerciantes la entrega de una cantidad por los daños causados. Además, se comprometieron por escrito a no molestar a los pobladores. Cinco meses después, Jacinta, Alberta y Teresa fueron detenidas y presentadas ante los medios de comunicación en las oficinas de la PGR por el supuesto secuestro de los seis agentes. Las tres rindieron su declaración sin la asistencia de un intérprete que conociera su cultura y hablara la lengua hñáhñú. Fueron condenadas a más de 21 años de cárcel. Aunque recuperaron su libertad hace unos siete años, no dejaron de luchar desde entonces por el reconocimiento de su inocencia, que hoy se concretó en un acto de especial relevancia por ser el primer evento de esta naturaleza en acatamiento a una sentencia emitida por tribunales nacionales. Con información de EFE y EL INFORMADOR / María José Villanueva
