Jueves, 26 de Diciembre 2024
México | Catorce muertos por explosión en mayo

Dan cárcel a dueños de pocito en Coahuila

Dictan auto de formal prisión al propietario y encargado del pozo de carbón número 3 de la empresa Binsa

Por: SUN

Durante varios días se mantuvo la vigilancia de familiares y autoridades a las tareas de rescate de cuerpos. ESPECIAL  /

Durante varios días se mantuvo la vigilancia de familiares y autoridades a las tareas de rescate de cuerpos. ESPECIAL /

SALTILLO, COAHUILA (16/JUL/2011).- Pese a la pasividad que mantuvo en las últimas semanas el tema de los 14 muertos en un pocito de Sabina, Coahuila, ayer hubo vuelta de hoja.

El juez penal de Sabina, Sergio Tamez Moreno, dictó auto de formal prisión en contra de Melchor González Vélez y Elías Moreno Moreno, propietario y encargado, respectivamente, del pozo de carbón número 3 de la empresa Binsa, donde el 3 de mayo se registró una explosión que dejó a los referidos mineros sin vida.

A los inculpados se les encontró que son probables responsables de los delitos de homicidio culposo y lesiones graves por la pérdida de un miembro que provoca incapacidad permanente para trabajar.

De acuerdo con la ley, González Vélez y Moreno Moreno dispondrán de 20 días hábiles para aportar pruebas en su defensa, lo cual será a partir del 1 de agosto, porque este 15 de julio inician vacaciones en el Poder Judicial del Estado.

Por la explosión un menor quedó incapacitado al perder su brazo derecho.

Jesús Fernando Lara Ruiz, de 15 años, fue atendido y dado de alta el 9 de mayo en el Centro Médico Nacional de Occidente, tras presenciar y sufrir el percance cuando hacía de ganchero en el pocito; es así como le dicen a los que se encargan de recibir el tambo con carbón que sacan los obreros.

Ambos empresarios están amparados para no ser privados de su libertad, con la protección de la justicia federal, y enfrentarán su proceso sin ir a prisión.

El Código Penal de Coahuila establece sanciones de siete a 16 años de cárcel por el delito de homicidio culposo. Los presuntos responsables tendrían el beneficio de reparar el daño, es decir, pagar una indemnización a los deudos. 

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