Cumplimentan nueva orden contra ex funcionaria de Granier

VILLAHERMOSA, TABASCO (10/SEP/2014).- La Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tabasco dio cumplimiento a una segunda orden de aprehensión, librada por una juez penal y derivada del expediente 117/2014, contra Cliseria Rodríguez Alvarado, ex titular de la Coordinación Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), por los delitos de ejercicio abusivo de funciones y extorsión.

Rodríguez Alvarado fungió como titular de la CEAS entre el 2007 y 2012, en el gobierno del priista Andrés Granier Melo.

La ex funcionaria permanece en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset), luego de que elementos de la procuraduría estatal la detuvieron en cumplimiento a una primera orden de aprehensión el 29 de octubre del 2013, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, debido a que la CEAS fue sancionada con 5 millones de pesos por emitir un cheque sin fondo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En el Creset se le notificó de la nueva orden de aprehensión en su contra.

La PGJ indicó en un comunicado que por el delito de ejercicio abusivo de funciones, Rodríguez Alvarado podría alcanzar una pena de dos a nueve años de prisión, mismo término en el que quedaría inhabilitada para ejercer cargos públicos.

Por el delito de extorsión podría alcanzar una pena de cuatro a trece años de prisión, sanción que se aumenta en una mitad por haber incurrido en ese ilícito como funcionaria pública.

La procuraduría refirió que en el 2007 la CEAS convocó a una licitación pública nacional para el "reforzamiento de líneas de conducción para el mejoramiento del sistema de agua potable en varios municipios de Tabasco", obra que fue adjudicada indebidamente a la empresa de Óscar Montejo Acosta, debido a que no presentó una póliza de garantía para cualquier daño posterior o vicio oculto.

Sin embargo, posteriormente Montejo Acosta celebró un contrato de póliza de fianza con la compañía Aserta S.A. de C.V., y la titular del CEAS, su esposo José Alfredo Contreras Álvarez y su madre Delia Alvarado Sánchez avalaron con bienes propios la garantía que la empresa otorgó al contratista.

A raíz de la adjudicación del contrato para el reforzamiento de las líneas de conducción, la funcionaria empezó a exigirle a Montejo construcciones personales y para su familia, como las oficinas de su esposo Contreras Álvarez, apoyos en materiales de construcción para el templo Misión Cristiana Internacional y regalos económicos y en especie para las posadas de la dependencia.

Rodríguez Alvarado le hizo saber a Montejo que en caso de no cumplir la CEAS no le asignaría más obras, señaló la PGJ.