Culpables por cuotas

Hace 10 meses (9 de mayo de 2010) se exhibía en algunos festivales cinematográficos del mundo el documental mexicano titulado Presunto culpable, que narra el caso de José Antonio Zúñiga, un tianguista de la capital del país al que se le fabrica la autoría de un crimen. Los productores, el director y el propio protagonista de la película seguramente estaban lejos de imaginar el impacto que causaría la proyección a público abierto del filme.

“Si me preguntan si me gusta la película (diría) definitivamente no, porque se ridiculiza mi trabajo, el del juez, el sistema y a mi país”, México, dijo entonces en una entrevista periodística el abogado Rafael Heredia, quien toma el caso de Toño y se encarga de su defensa hasta conseguir, en un segundo juicio, la libertad del inculpado y procesado injustamente, quien ya cargaba a cuestas una sentencia de 20 años de prisión y más de un año encarcelado.

El abogado Heredia, sin embargo, hizo una precisión: el documental logra su fin último, que es “enseñar al público, a la ciudadanía, cuál es el real sistema penal mexicano”, que él describe suscintamente como muy “arcaico”. Esto se logra con la exhibición de un caso real ocurrido en Ciudad de México.

La “presunción de inocencia”, lo saben la mayoría de los ciudadanos de este país (muchos desgraciadamente por haberlo padecido en carne propia) no existe aún en México. Heredia vaticina que sí funcionará en 2016, cuando esté en vigor una reforma constitucional al sistema de justicia penal aprobada en 2008 que introducirá además los juicios orales.

El académico del ITESO, Guillermo Zepeda Lecuona, autor del libro Crimen sin castigo editado por el Fondo de Cultura Económica, sintetiza: El sistema mexicano de justicia funciona así: la presión de la sociedad que demanda resultados hace que la respuesta de las autoridades sea rápida y fácil pero injusta, costosa social y económicamente. ¿Cómo le llamaría usted a este sistema? ¿Deficiente, torcido, corrupto, incapaz, impreparado? Tal vez todo eso, y más.

Por eso, las cárceles están atiborradas de inocentes a los que se les procesa por delitos menores o por crímenes que no cometieron y nadie se inmuta. Los policías siguen capturando a ciudadanos que nada temen porque nada deben; los MP siguen tendidos en la hamaca acumulando expedientes prefabricados; los jueces siguen dictando sentencias condenatorias porque quieren ser reconocidos como implacables; y los testigos, presionados, coludidos o amenazados, siguen mandando al pozo a ciudadanos igual de pobres e indefensos que ellos.

Ahora que el documental ha logrado no sólo un gran éxito de taquilla en los circuitos comerciales, sino sacudir muchas conciencias ciudadanas y robarles un par de horas a centenares de políticos y funcionarios, ha aparecido la ominosa sombra de la censura alimentada por las truculencias de leguleyos. Ni la corrupción del aparato de justicia, ni la burocracia gubernamental van a parar la alerta que se ha activado con la difusión del caso.
 
La historia de Toño, narrada en Presunto culpable, tiene un “final feliz”, pero ¿y si nunca se hubiera convertido en una película?