Cué compromete 10 MDP para plan alterno a ACE

OAXACA, OAXACA (05/JUN/2012).- El gobierno de Oaxaca se comprometió con la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a destinar 10 millones de pesos para operar la primera etapa del Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO) en el ciclo escolar 2012-2013, con la finalidad de que en la entidad no se apliquen la Evaluación Universal para maestros ni la Prueba ENLACE para alumnos.

Lo anterior quedó establecido en un documento del gobierno estatal que la tarde de este martes analizan los delegados de la Asamblea Estatal del Magisterio Oaxaqueño, instancia que decidirá en las próximas horas si levanta el paro de labores iniciado el pasado 21 de mayo o lo continúa hasta el 14 de junio, cuando se recordarán seis años del desalojo policiaco a maestros por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.

El documento entregado por el gobierno de Gabino Cué Monteagudo a la dirigencia del magisterio oaxaqueño, destaca el respeto gubernamental al posicionamiento del magisterio en torno a su rechazo a la ACE, "todo ello en base al pleno uso de las atribuciones que le competen con respeto al Pacto Federal".

La administración estatal suscribe el compromiso para impulsar y gestionar los mecanismos correspondientes ante las instancias federales, para el reconocimiento y la asignación de recursos para la operatividad el PTEO.

Además, se otorgarán mil plazas en un lapso de cuatro años para el personal de apoyo y asistencia a la educación, mismo que actualmente se encuentra contratado bajo el régimen de honorarios, principalmente en escuelas primarias, con efectos a partir del primero de septiembre de 2012.

Este compromiso se diseñó para operarlo en cuatro etapas, en la primera etapa se entregarán 250 plazas con un monto de 23.6 millones de pesos.

En lo que se refiere a las demandas en materia de justicia, el gobierno estatal se compromete a presentar una iniciativa de ley a partir de la segunda quincena de junio del 2012, para crear una Comisión de la Verdad para investigar los hechos del 2006 y 2007, misma que varios legisladores locales han estado solicitando.

Se propone la conformación de un acuerdo para el seguimiento ciudadano de las indagatorias relacionada con los homicidios de líderes sindicales y de la sociedad civil organizada, el cual será publicado por la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca a más tardar en 15 días hábiles.

También se contempla el desmantelamiento de los módulos educativos irregulares, con la participación de la Secretaria General de Gobierno, en coordinación con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

De manera inmediata se iniciará el proceso de cancelación de los servicios irregulares y de recuperación de escuelas en poder de la Sección 59 del SNTE y se compromete que para el próximo 15 de junio estarán cancelados 30 servicios como mínimo, 50 más para el 30 del mismo mes, los restantes al día 20 de agosto de éste año.

Otro asunto que estaba pendiente en la mesa de la negociación es el caso de la prima de antigüedad de los trabajadores jubilados del magisterio, el documento destaca que éste asunto será el primer punto en los trabajos de la Comisión Tripartita (SEGEGO-IEEPO-Sección 22), ante el Congreso de la Unión y las instancias federales, para lograr el pago de la prima de antigüedad en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal 2013 y en lo sucesivo, para que éste sea permanente.

Detienen a quienes lanzaron bombas molotov

La Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer que el Ministerio Público tiene a su disposición a cuatro personas del sexo masculino, señaladas de arrojar bombas caseras conocidas como "molotov" en el centro de la ciudad, específicamente al campamento magisterial, durante la madrugada del lunes 4 de junio.

Jorge "N", Ezequiel "N", Luis "N" y Juan Pablo "N" de 19, 20, 24 y 22 años de edad, respectivamente, fueron detenidos el día lunes en las primeras horas del día.
Los agentes de investigación trabajan en la recopilación de información y evidencias para definir su situación jurídica, mientras que, los indiciados tienen todos sus derechos a salvo para el alegato de su defensa.