Cuarta parte de universitarios dejaría escuela de aprobarse IVA

CIUDAD DE MÉXICO (13/OCT/2013).- Una cuarta parte de los estudiantes de universidades privadas en México desertaría de sus estudios en caso de aprobarse la aplicación del Impuesto al Valor Agregado ( IVA) a colegiaturas, consideró el rector de la Universidad La Salle, Enrique González Álvarez.

Refirió que a las universidades privadas acuden hijos de profesionistas que viven de su salario diario, y quienes hacen un esfuerzo para mantenerlos en dichas instituciones.

En ese sentido, dijo que de aprobarse la medida afectaría a 300 mil estudiantes de diversos niveles educativos en el país.

Sin embargo, aclara, no sólo se verán afectados los estudiantes, sino también miles de padres de familia de clase media, quienes tendrán que solicitar en escuelas públicas un lugar para sus hijos.

En entrevista, el rector argumentó que aunque después se pudiera recobrar el IVA pagado, el tiempo de recuperación sería muy largo, pues primero se tendría que presentar una declaración en marzo o abril, para después esperar a que se dictamine si se rembolsará el impuesto y luego de un año recuperar lo pagado.

González Álvarez opinó: "Considero que esto será un fuerte golpe a la clase media de México, ya que el gobierno no tiene en este momento la capacidad para alojar en aulas de universidades públicas a todos aquellos que quieren tener acceso a la educación superior".

"Se debe apostar a la educación, no sólo por un sexenio, sino para un proyecto a largo plazo, donde todo mexicano tenga acceso a la educación", finalizó.

La semana pasada, la Asociación Mexicana de Universidades Particulares (AMUP) coincidió en que la aplicación del IVA a las colegiaturas, además de limitar el poder adquisitivo de las familias de clase media, podría reducir hasta en 25 por ciento la matrícula de estudiantes en el país.

El presidente de la asociación, Alfonso Bolio Arciniega, expuso: "La educación no es un artículo de consumo ni un servicio que se venda: es un derecho fundamental reconocido y ordenado en la Constitución mexicana", así como en los tratados internacionales que ha suscrito el país.

Dijo que en la educación particular los estudiantes no podrían trasladar dicho impuesto, por lo que la inversión en educación sería gravada como un consumo y generaría una disminución en la inversión educativa, obligando a más de 400 mil estudiantes a migrar al sistema público.