Cruje la economía, y Carstens

Se enorgullecían todos en diciembre pasado de que sería el más grande Presupuesto de Egresos en la historia del país. Dos billones 320 mil millones de pesos habían sido proyectados en la Cámara de Diputados para gastarse, privilegiadamente, en inversión pública. Y echaban tirios y troyanos las campanas al vuelo. El gasto público —decían entonces básicamente los opositores— sería un gran dique que ayudaría a contener la crisis económica y financiera que insuflaba desde el exterior, porque habiendo inversión habría empleos y se dinamizarían economías locales.
Pero advirtieron entonces priistas, perredistas, petistas y resto de la oposición: el Gobierno de Felipe Calderón tendría que desplegar eficacia y eficiencia en el ejercicio y aplicación de los recursos.

Sería criminal, se decía ya desde entonces, que la Secretaría de Hacienda incurriera en subejercicios, como lo había estado haciendo los dos años anteriores. O más allá incluso: como lo estuvo haciendo el Gobierno de Vicente Fox.
Recomendaciones de dentro y fuera del país convergían, unánimes: para encarar a la crisis, cuya manifestación más dolorosa sería el incremento de la tasa del desempleo y la quiebra de micros y pequeñas empresas, el Gobierno tenía que gastar mucho y rápido.

La burra no era arizca… El país había estado atorándose increíblemente en el ejercicio del gasto público. Los subejercicios dejaban dolida a mucha gente, de muchos sectores. Sectores de alto contenido social como el campo, los micros, pequeños y medianos empresarios, las carreteras… no recibieron los recursos que había ordenado la Cámara de Diputados para ellos. Hacienda desde siempre había justificado que las reglas de operación tenían que cumplirse. Y menester era hacerlo, para, entre otros factores, reducir riesgos de corrupción.

Lo que más ha calentado la mollera a los opositores, es el hecho de que aquellos grandes volúmenes de dinero subejercido se hayan materialmente esfumado por chicanerías de Hacienda y Crédito Público, que los ha hecho “tablas” en fideicomisos de los que el Congreso de la Unión difícilmente sabe, porque no hay ley que valga para la fiscalización de éstos.

Ahora, este jueves 23, Agustín Carstens —el hombre del Presidente Felipe Calderón famoso además porque logró una cláusula en su contrato de encargado de despacho de recibir tres mil 500 pesos diarios para su alimentación personal— ha anunciado que se sumarán 50 mil millones de pesos a los otros 35 mil millones que habían recortado ya en mayo.

Es, éste, el México de los tiempos inéditos. Nunca antes un Presupuesto de Egresos de la Federación había sido recortado con tanta gravedad. La quita al presupuesto por 85 mil millones será así: 66 mil millones de pesos al gasto corriente, y los otros 19 mil millones serán reducidos al gasto de bienes muebles e inmuebles y en obra pública.
Va a tener que ser más explícito Agustín Carstens en las áreas y rubros que afectará la merma de los 85 mil, se comenzó a escuchar anoche en el pasillerío de San Lázaro. Verbigracia: tendrá que informar si los tres mil 500 pesos para su alimentación serían parte de este recorte, que incluye disminución en obra pública. ¿Cuántos empleos dejarán de contabilizarse, con la suspensión de esa obra pública?, es pregunta obligada que los diputados y senadores tendrían que hacerle a Carstens el día en que el PAN y el PRI lo quisieran.

Estos dos partidos políticos, por cierto, han estado maniobrando en la Comisión Permanente para que el titular de Hacienda no se apersone ante los legisladores.

Los panistas lo defienden porque detrás de las políticas económicas no está otro que Felipe Calderón. Y los priistas hacen lo mismo porque Carstens, al final de cuentas, es tan priista como Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones. Así lo han admitido senadores del PRI en el pasillerío de Xicoténcatl, cuando a principios de julio intentaron los perredistas y petistas que se aprobara un Punto de Acuerdo que exhortara al hacendario mayor a comparecer.

Con el anuncio del recorte, Carstens también llevó el aviso de que el 8 de septiembre —cuando sea presentado a la Cámara de Diputados el paquete de presupuestos de ingresos y egresos para 2010—, el Ejecutivo federal también habrá de llevar una nueva propuesta de reforma fiscal.

Con lo que ayer declaraba Carstens, no era difícil vaticinar el rumbo de su reforma fiscal: más y probablemente nuevos impuestos. “Estamos pensando”, dijo el secretario de Hacienda, “en la necesidad de aumentar la recaudación tributaria a través de una reforma tributaria; las medidas específicas no las hemos determinado; ésas se presentarán con el nuevo paquete”.

No avanzará mucho esta propuesta cuando otra vez la alcance Andrés Manuel López Obrador con la suya, conocida ya: más que impuestos, el Gobierno debería ampliar la base tributaria, gravar a los grandes contribuyentes; limitar facultades discrecionales del Poder Ejecutivo para otorgar subsidios, estímulos y regímenes especiales; colocar al ISR como espinazo del sistema impositivo (los grandes empresarios pujan hoy por que sea el IETU); derogar el Régimen de Consolidación Fiscal; no moverle al IVA en alimentos y medicinas, ni siquiera a la tasa cero, entre una veintena más de asuntos.

Pero la última palabra la va a tener en los próximos meses el PRI, que empujará al país hacia la derecha o hacia la izquierda. Y esto se verá cuando vote el presupuesto. Carstens, en los hechos, acaba de poner al sistema hacendario en charola de plata al PRI.