Crisis en la CEDHJ

Tras la reciente renuncia de tres consejeros ciudadanos, dos propietarios y una suplente, quienes denunciaron públicamente que se cometen graves irregularidades en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), y la solidaridad con los renunciantes y sus críticas de otras dos consejeras salientes, el presidente del organismo, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, puede tomar diferentes alternativas.

Una, la más probable, desdeñar las acusaciones, afanarse en encontrar enemigos externos, justificarse ante las fuerzas que lo respaldaron para nombrarlo en el cargo, promover algún apoyo público de sus afines y apostarle al olvido. Otra, la menos probable, sería rectificar el rumbo institucional tras una severa autocrítica, reconocer la crisis actual y las fallas que han conducido al estado en que se halla la comisión y colocar por delante los compromisos con la sociedad, en especial con las víctimas de abusos por parte de cualquier autoridad gubernamental.

Inclinarse por la primera opción sería grave para la defensa de los derechos humanos en Jalisco y para los ciudadanos que quieren tener representados sus intereses en el Consejo Ciudadano y en la presidencia, por encima de otros personales, gubernamentales, partidistas o de grupos de poder, sin importar cuáles sean. Que desde oficinas del Gobierno del Estado de Jalisco, de partidos como el PRI y el PAN, y de diputados locales, influyan o jalen hilos del organismo, sería delicado. ¿De cuántas negociaciones políticas a trasmano no nos hemos enterado?

No es cualquier cosa que de 16 consejeros ciudadanos, cinco valientemente denuncien “autoritarismo disfrazado de legalidad” en la gestión actual de la CEDHJ, “falta de transparencia” sobre cómo opera el organismo; que planteen que se impide y se violenta la voluntad ciudadana, que señalen la “pérdida de legitimidad y fuerza” de la institución, recuerden hechos como la suplencia irregular de una consejera y el que se impiden las discusiones serias y a fondo de asuntos en el Consejo Ciudadano, entre otros señalamientos.

¿Qué harán los diputados locales, a quienes se dirigieron las renuncias y denuncias por escrito, más allá de formalismos burocráticos? Nada. El Pleno del Congreso del Estado se enfrasca en otros asuntos e intereses. Los derechos humanos no son prioridad en su agenda legislativa y política. Tan es así que el reciente nombramiento de nuevos consejeros ciudadanos recibió críticas por la falta de indicadores claros para elegir y reelegir a unos y otros. Pero a la mayoría de los legisladores locales eso no les quita el sueño. Llegar al cargo, como si fuera herencia de otras legislaturas, pareciera que los hace inmunes a cualquier crítica o queja que no provenga de sus jefes políticos.