Crisis de la justicia

Los Diálogos por la Seguridad y la Justicia convocados por la Presidencia de la República, pusieron de manifiesto que el sistema de justicia en México está en crisis.

Cuando en buena parte del territorio nacional ayuntamientos y gobiernos estatales luchan por hacer valer su autoridad frente a la delincuencia porque no son capaces de hacer imperar las leyes. Cuando se reconoce que en materia penal menos de 5% de los delitos denunciados culminan con una sentencia condenatoria. Cuando en materia de derecho común los tribunales requieren de años para resolver asuntos relacionados con conflictos familiares o patrimoniales con los enormes costos que esto significa para las familias involucradas. Cuando en materia agraria se siguen revisando y vuelto a revisar las resoluciones de dotación de ejidos, ampliaciones,; manteniendo inconcluso el reparto y la regularización de la tenencia de la tierra.

Mientras en materia laboral se mantiene la práctica de la toma de nota como mecanismo de dominación sindical, y se sostienen los privilegios de los grandes sindicatos corporativos, y los pequeños que generan quejas de extorsión; Mientras que en materia de seguridad pública se viola explícitamente el principio de presunción de inocencia al presentar a detenidos golpeados como trofeos en una guerra; mientras que en el sistema carcelario se mantiene por años a los acusados de los delitos en las mismas condiciones que los sentenciados; mientras que algunos involucrados en asuntos judiciales actúan en los medios de comunicación publicando anuncios desplegados, induciendo notas, filtrando interesadamente datos, para “litigar” en la opinión pública; mientras en materia administrativa los órganos y comisiones independientes en materia de telecomunicaciones y prácticas comerciales se prestan a sospechas, y los tribunales administrativos sirven de espacios de disputas de grandes intereses que imponen sus criterios.

Argumentar que el sistema de procuración de justicia es adecuado, que el sistema judicial es eficiente, que las sentencias son la norma suprema de la Unión, o que el desempeño es efectivo es una simulación.  La crisis de la justicia ha provocado distorsiones que hacen que los asuntos se ventilen en los medios de comunicación y que éstos se constituyan en tribunales de opinión pública.

La realidad es contundente. Los mexicanos estamos en condiciones de decir que queremos un mejor desempeño, y que para ello es necesario emprender verdaderos cambios de fondo en los sistemas y procedimientos. Pero el más importante de todos es reconocer el tamaño del problema y dejar de lado la auto complacencia de la que se habló en los foros convocados la semana anterior.

México hoy es inseguro e injusto. Las autoridades parecen no reconocerlo. Los funcionarios están a la defensiva y salvo la propuesta de reforma de justicia penal, no hay iniciativas para cambiar el estado de la situación en materia agraria, administrativa, laboral, penitenciaria y de justicia común. Que pena que los diálogos dejaran pasar la oportunidad de trabajar por un verdadero cambio.  Mientras tanto las sentencias valen cada vez menos.