Criminalizar a consumidores de drogas hacina cárceles: Campa

CIUDAD DE MÉXICO (29/JUL/2014).- El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, reconoció que la criminalización que el Estado aplica a los consumidores de droga en el país ha originado una sobrepoblación en las cárceles y penales.

El funcionario dijo que esta política no ha causado ningún efecto en el consumo o en el tráfico de drogas, por lo que es necesario tomar otras acciones que permitan evaluar el tema de distintos ángulos.

"La criminalización de la posesión y el consumo de drogas con penas privativas de la libertad ha generado como uno de sus efectos no deseados una sobrepoblación penitenciaria sin que esta medida tenga un impacto importante en la disminución, el tráfico o el consumo de drogas", mencionó.

Ante la realidad que enfrenta el país y los consumos de drogas que hay, el funcionario dijo que se trabaja en cinco ejes primordiales para tratar de resolver el problema que hay de adicciones principalmente entre los jóvenes.

Uno de estos ejes es atacar la reducción de la demanda sin descuidar el control de la oferta. Asimismo, se han analizado, en coordinación con autoridades de los estados, tratamientos para las personas adictas en lugar de prisión.

"Estamos poniendo especial énfasis en programas dirigidos a personas con algún abuso o dependencia de drogas asociados a la comisión de un delito dejando como última instancia las pernas privativas de libertad", afirmó.

Durante el Foro Internacional de Política de Drogas, dijo que otra de las alternativas es condonar a los primodelincuentes que hayan cometido un delito no grave, y ofrecerles tratamiento.

"Sabemos que los primodelincuentes que hayan cometido delitos no graves vinculados con alguna droga merecen una oportunidad de ser tratados en libertad antes de ir a prisión. De todas las alternativas la reclusión es la menos conveniente", explicó.

Además, el gobierno evaluará el impacto que ha tenido la Ley de Narcomenudeo aprobada en 2009, la cual permite la portación de cantidades mínimas de drogas. A partir de ello, se analizará la capacidad de los Ministerios Públicos para atender el problema para tratar de hacer una política de reducción de daños.