Criminalización de la lucha sindical

Noticias provenientes del Norte del país sacudieron ayer alerones, patios y muros del Congreso de la Unión; pero la inmensa mayoría de quienes lo habitan —los 628 legisladores— no han querido darse por enterados. Ni siquiera porque ese estruendo que se ha producido en los territorios del sindicalismo mexicano ha llegado hasta San Lázaro y Xicoténcatl con la advertencia ominosa de que podría estar acercándose el carromato donde viaja la criminalización de la lucha social y laboral.

Equivalente a los avestruces, que esconden la cabeza suponiendo que con no ver desaparece el problema que les amenaza, la gran mayoría de diputados y senadores han recurrido a su vieja y muy socorrida práctica de hacerse los tíololos solos, y no han querido ver de frente la aprehensión de que fueron objeto un grupo de líderes del sindicato minero, que enfrentado ha estado al Gobierno desde el día en que murieron los 65 trabajadores en la mina coahuilense Pasta de Conchos.

Una frase que pronunció Fernando Gómez Mont el día de su ungimiento como secretario de Gobernación —de que como tal no se verá, pero se hará sentir— por antonomasia tenía que estar golpeando como una bofetada a la representación del pueblo, justamente ahora en que no hay nadie que no relacione ese evento judicial con la actuación que ha tenido el mismo Gómez Mont como defensor jurídico de empresas que se han sentido lesionadas por el sindicato minero.

Sólo un senador salió al paso de la aprehensión. En conferencia, el zacatecano Ricardo Monreal Ávila afirmó: “Detrás de la detención de los trabajadores mineros hay una mezcla de despachos jurídicos —para intentar simular que todo se ha llevado conforme a la ley— y el tráfico de influencias o conflicto de interés que el secretario de Gobernación de facto tiene frente a estos problemas del país”.

De Gómez Mont decía el senador Monreal: “Él ha asesorado y encabezado estos grupos de empresarios, cuyo único propósito es tener a un sindicato de trabajadores a modo; pero, claro, estoy seguro que él rechazará (su injerencia), y como son así de hipócritas, dirá que él se retiró del despacho; que son otros despachos; que no tiene nada que ver. Y claro que tiene que ver. Son ampliamente conocidos estos despachos que están detrás de esta situación”.

Hacia esas horas de la tarde, en Xicoténcatl ya se sabía de la aprehensión de otros dirigentes del mismo sindicato de los mineros; y del inicio de paros de trabajadores de distintas minas, unas en Zacatecas, otras en Coahuila. Monreal entonces también advirtió al resto del sindicalismo nacional: “La represión y el encarcelamiento de los líderes de trabajadores no van a resolver los conflictos; se los aseguro. Son tropelías y simulaciones jurídicas con las que pretenden actuar como Estado de derecho, que no lo es. Y seguiremos insistiendo en que es muy grave, y los sindicatos que por complicidad callen, al rato se van a ver en las mismas circunstancias, porque ellos quieren sindicatos dóciles y trabajadores sin conciencia”.

En San Lázaro, tampoco hubo quien opinara sobre otro tema, por cierto, muy relacionado con el debate que se dio en torno de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hubo, sin embargo, en el pasillerío comentarios, en dos vías, de asesores parlamentarios del PRI y PRD respecto de la llegada de dos generales a la Secretaría de Seguridad Pública.

1: El Ejército ha puesto en jaque a Genaro García Luna, a quien los soldados no le han dado la confianza que él quisiera. Y no ha sido cualquier general: es uno que fue ya encargado del servicio de espionaje de la Secretaría de la Defensa Nacional, la “Sección Segunda”.

2: Un día después, no ha habido una voz de legislador alguno que diga una obviedad: con la llegada de los generales a la SSP, y con la participación de los titulares de Marina y Sedena en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que presidirá Felipe Calderón, los militares ya regresaron otra vez a los círculos de decisiones políticas. Será común para los gobernadores y presidentes municipales tener que acatar recomendaciones de gobierno por parte de los soldados.