Correr a los malos gobernantes

Entre algunas de las promesas de campaña de quienes fueron candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones del pasado 2009, figuró el impulso de la figura legal conocida como “revocación de mandato”. La semana pasada, uno de aquellos candidatos que ahora es diputado, dio el primer paso para cumplir el compromiso —hay que reconocerlo, cuando tantas críticas se ganan justo por lo contrario— y presentó una iniciativa legal para que en Jalisco exista esa figura, que no es otra cosa que una consulta a los ciudadanos para, literalmente, correr del cargo al funcionario que no sea calificado aprobatoriamente.

Pero hay muchas curvas y obstáculos en este camino. De ninguna manera se regalará a la ciudadanía el medio para castigar, con el despido anticipado, a los malos gobernantes.

La primera obstrucción la presentó el lunes, al comparecer ante los diputados por la Glosa del Tercer Informe, el secretario general del Gobierno del Estado, Fernando Guzmán Pérez Peláez. Alguna vez, hace meses, pude preguntarle su opinión acerca de la revocación y no meditó más de dos segundos la respuesta: le falta madurez a la gente. Esta vez, rodeado de micrófonos, sólo omitió el factor humano y consideró que no están preparados “México ni Jalisco”.

Guzmán, uno de los afanosos y adelantados funcionarios que ya construye sus aspiraciones por la gubernatura para la elección de 2012, piensa como muchos otros políticos paternalistas, que la ciudadanía debe “madurar” o “estar preparada” para tener la herramienta legal que permita cambiar a un gobernante antes de que concluya su período constitucional. Pero hagamos la pregunta de otro modo:
¿Dónde está la escuela de alcaldes, la de diputados, gobernadores o secretarios generales del Gobierno? La respuesta es simple: en el servicio público. Y los ciudadanos “inmaduros” les pagamos la colegiatura y esperamos a que aprendan el oficio. Alberto Cárdenas Jiménez, el primer gobernador panista de Jalisco, comentó alguna vez, cuando su mandato expiraba: “Ahora sé mil cosas más de las que sabía cuando llegué”. ¡Claro! Y las aprendió, con costo para los habitantes del Estado, mientras gobernaba. Tan sólidos consideró sus conocimientos, que años después compitió entre los de su partido político por ser candidato a la Presidencia del país.

Anécdotas aparte.

La iniciativa de revocación (dejar sin efecto un mandato) que presentó el diputado Carlos Briseño Becerra, propone reformar la Constitución del Estado y el Código Electoral de Jalisco.

Contempla que el proceso de votación sea obligatorio, no opcional. Que se realice a la mitad del período del gobernador, los alcaldes y los diputados, entre otros cargos de elección popular. En ella participarían los electores del Estado, del municipio o del distrito electoral, según sea el caso. A fin de que, efectivamente, el funcionario sea destituido, deberá recibir más sufragios en contra de los votos que reunió a favor en la elección que lo llevó al cargo.

La iniciativa de reforma pasó a estudio e, insisto, tiene muchos enemigos. Pero también la esclavitud, en su tiempo, era una institución y hoy está prohibida.

Pero hay un gravísimo defecto en esta propuesta de revocación... no es retroactiva. No podemos echar a los gobernantes que ahora tenemos.