Como leyes de excepción de los 70

En el repaso que, de los procesos legislativos de éstas, hizo ayer el Senado de la República, quedó clara otra vez la misma coincidencia entre académicos, juristas y opositores: La Ley de Extinción de Dominio deberá garantizar el respeto de las Garantías Individuales (derechos fundamentales); y la de Narcomenudeo asegurar que no sea penalizado el consumo de drogas en México.

Era el Foro Análisis y Revisión de la Política Criminal en Materia de Narcomenudeo. Casi 10 ponentes. Y ni uno solo se colocó en uno de los flancos del Ejecutivo Federal, que a través de sus iniciativas ha propuesto al Senado de la República que, precisamente, en la Extinción de Dominio la carga de la prueba recaiga en el ciudadano y no en el Ministerio Público, al que le otorga, por antonomasia, la preeminencia de la verdad jurídica.

Y, en el caso de la Ley de Narcomenudeo, el presidente Felipe Calderón Hinojosa ha planteado de plano que el adicto o enfermo o consumidor de alguna droga sea criminalizado de facto.

“No podemos meter a la cárcel al enfermo”, había dicho el senador priísta Jesús Murillo Karam. Algo similar a lo que también hubo dicho el perredista Pablo Gómez Alvarez, quien dijo que es inaudito que la Ley pretenda obligar al adicto a asistir a un centro de rehabilitación, y que, en caso de no acatar la orden del Ministerio Público, entonces será sancionado con cárcel. Y añadía: Es tan inverosímil como si a quien que tiene gripa lo quieren obligar a ir al doctor, so pena de cárcel.

En el Foro, el narcomenudeo fue un tema. La Extinción de Dominio, el otro. Murillo Karam, la voz allí del PRI, sentenció: “Apoyaremos una Ley de Extinción de Dominio que respete garantías (individuales)”.

No todos los días en el Congreso de la Unión se ven coincidir voces tan opuestas y tan distintas entre sí, como la de Murillo Karam y Gómez Alvarez. Evidentemente llamaban esta vez la atención. Las iniciativas aquellas que ha enviado Felipe Calderón también han causado estupor, preocupación e irritación entre los juristas que han venido de las universidades.

Estuvieron esta vez en el Senado expertos como el doctor José Antonio Caballero Juárez, director de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE); José Elizonso López, psiquiatra, especialista en adicciones; Carlos Fazio, periodista uruguayo avecindado en México; doctor Víctorm Nauel Guisa Cruz, director de Enseñanza del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan M. Navarro; Luis González Plascencia, Tercer Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal; maestro Gerardo Laveaga Rendón, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales; maestro Ernesto López Portillo, presidente fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia Asociación Civil, y el ingeniero Carlos Peralta, presidente y director general de IUSA.

Todos ellos coincidieron en convocar a los legisladores a la construcción de un proceso legislativo que no pierda de vista los derechos fundamentales de los mexicanos.

Uno de ellos, el periodista Carlos Fazio, relacionó con los intereses de los Estados Unidos a las motivaciones de las iniciativas de Felipe Calderón.

Estados Unidos, dijo Fazio, ha trabajado desde los tiempos de la Administración Nixon en la “construcción de enemigos”. Y el tema del narcotráfico, desde hace varios años, es evidente que a los norteamericanos ha servido de instrumento de intervencionismo y control sobre los países del área.

Fazio dijo: “En el caso de México lo hemos visto cómo arreció en los últimos tres años; del 2005 para acá. Estas construcciones mediáticas, y esto es lo que definimos como una guerra de cuarta generación. Una guerra simétrica, donde muchas veces el papel de los ejércitos los cumplen los medios masivos que responden a consignas, a construcciones de gente especializada justamente en direccional políticas de control social a través de los medios”.

Carlos Fazio, uno de los estudiosos más certeros de la política de seguridad interna que instrumentó Estados Unidos en Colombia en los 90, agregó: “Dentro de este mismo esquema entonces viene también la criminalización en el tema de las drogas del consumidor, que es lo mismo que la criminalización de la protesta social. Es decir, toda esta política en materia de drogas prohibicionista, represiva, de criminalización, tiene también su parangón con lo social. Y cada vez más este tipo de políticas nos van llevando a leyes de excepción. Es decir, en los códigos mexicanos hoy hay leyes que son las que teníamos en Uruguay, en Argentina, en Chile, en los años 70, bajo dictaduras militares”.