Combate anticorrupción: ¿En serio esta vez?

“Ley anticorrupción. Yo ya estoy grande para esos cuentos”, dijo @_edgar_del en Twitter. No sé quién es Edgar del Ángel, pero sé que muchos piensan como él. El mayor reto de la iniciativa del Presidente Calderón no es la aprobación del Legislativo, sino generar confianza entre la población. De acuerdo a encuestas del propio Gobierno, sólo 22% de los mexicanos piensa que se hace algo para combatir la corrupción.

México le ha declarado la guerra a la corrupción una vez cada sexenio, cuando menos. No han faltado retórica ni leyes, sino resultados. Hasta 2008 el número de personas imputadas por corrupción promediaba menos de 30 al año. Leyó usted bien: sólo dos o tres personas por mes, en un país donde la corrupción cuesta 9% del PIB.

Algo cambió en el último bienio: en 2009 fueron 116 imputados, y el año pasado mil 778 personas, de las cuales mil 200 fueron funcionarios y el resto particulares. La Secretaría de la Función Pública instrumentó procedimientos de verificación in situ de la obra pública… a partir de 2009.

Aunque usted no lo crea, no había un equipo que verificara si la obra que estaba en el presupuesto tenía cuerpo o era un fantasma. En los últimos dos años, se implementaron equipos especializados en informática forense y detección de lavado de dinero, entre otras cosas.

Hay avances, pero lo conseguido es muy poco comparado con el tamaño del reto. La corrupción encarece la obra y abre la puerta para bajar la calidad pactada. Hay otros intangibles: mina la confianza en las instituciones y distrae a los funcionarios. ¿Cuántas horas de su jornada dedica un tranza a diseñar formas de robar?

Los empresarios pagan 27 mil millones de pesos anualmente en dádivas, según Salomón Pressburger, presidente de la Concamin. ¿Cómo llegó a esa cantidad? La cifra sorprende por la precisión y podemos suponer que se trata de un cálculo conservador. El Gobierno federal realiza compras por casi 30 mil millones de dólares anuales. A eso hay que sumarle las compras de 32 entidades federativas, medio centenar de universidades, miles de organismos públicos descentralizados y dos mil 500 ayuntamientos.

La iniciativa del Gobierno, presentada por Felipe Calderón el miércoles, anuncia un cambio sustancial. Incluye un sistema de denuncias que no tiene precedente: se premiará en efectivo a los particulares que aporten elementos para detectar casos de corrupción. Se protegerá a los funcionarios que denuncien.

Las sanciones a empresas corruptoras implican un paso en la dimensión desconocida para los mexicanos. El 30% del valor del contrato contrasta con la multa de millón 600 mil pesos máximo que ahora existe. La inhabilitación de participar en licitaciones públicas, hasta por ocho años, es una novedad. Lo mismo que la persecución de prácticas corruptas de firmas mexicanas en el extranjero.

Hay temas pendientes. Tener una mejor legislación federal servirá, si se aplica… y si las mejores prácticas se vuelven norma en estados y municipios. Ellos manejan casi la mitad del presupuesto público y no parecen muy afanados en reducir su corrupción. ¿O sí?