Citan a declarar 36 personas más por el caso Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de declarar 29 servidores públicos de Michoacán, entre ellos 10 alcaldes presuntamente relacionados con “La Familia Michoacana”, el agente del Ministerio Público de la Federación citó a 36 personas más para testificar sobre esta investigación.

Los abogados de los presuntos responsables de nexos con delincuentes confirmaron que los fiscales del caso les informaron que hasta el próximo sábado se definirá la situación jurídica de los retenidos por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada ( SIEDO).

Fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) informaron que la Representación Social de la Federación solicitó un paquete de arraigos ante un juez federal especializado en medidas cautelares de arraigo, intervención de llamadas telefónicas y cateos, pero no se informó cuántas solicitudes se tramitaron.

Juan Rivero, abogado del alcalde de Zitácuaro, Antonio Ixtlahua Orihuela, dijo que “hoy (ayer), cuando presentamos las pruebas de descargo, pedimos a la fiscal que haga declarar a los miembros de la escolta de mi cliente, pero ella me dijo que será hasta el sábado cuando se defina la situación jurídica de los alcaldes”.
Rodrigo Iglesias, abogado del alcalde de Uruapan, Antonio González Rodríguez, de extracción panista, sostuvo que el procedimiento está viciado de origen, “porque a todos los trajeron a la SIEDO con engaños, nunca les dijeron ni les mostraron que había órdenes de localización ni presentación en su contra”.

Entregan pruebas de descargo

Desde antes de las 10 de la mañana, los abogados de los ediles y funcionarios de Michoacán se presentaron ante la Oficialía de Partes de la SIEDO, donde ofrecieron sendos paquetes de pruebas de descargo de acuerdo con las declaraciones hechas por sus clientes ante el Ministerio Público de la Federación.

En este momento la prioridad de los abogados es obtener la libertad de los presuntos responsables, y por ahora no se ha definido si se impugnará ante los jueces federales la detención de su cliente o si se contrademandará, “la estrategia de defensa no la vamos a revelar”, aseguró Iglesias.

Francisco Baldovino e Ismael Jiménez, representantes legales de los alcaldes de Coahuayana y Aquila, respectivamente, negaron la participación de sus clientes en alguna reunión con delincuentes, y menos que hayan asistido a “la cumbre de alcaldes y líderes de ‘La Familia Michoacana’”.

Anuncian movilizaciones

En ese sentido, señalaron que sus defendidos fueron electos con el voto popular, y hoy es el pueblo y sus electores quienes se encuentran ofendidos por la forma en que fueron detenidos, por lo que anunciaron movilizaciones en varios municipios a partir de este viernes.

Los fiscales continúan con el proceso de análisis de las declaraciones ministeriales en su conjunto, lo que permite identificar nombres de diversas personas que podrían estar vinculadas en esta indagatoria.

Extienden plazo para definir situación jurídica
Denuncian violación a los derechos de detenidos en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de familiares de los 10 alcaldes y 19 funcionarios mexicanos arrestados por sus presuntos nexos con el cártel de “La Familia Michoacana” denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presuntas violaciones a los derechos de sus parientes, informó ayer el organismo.

“Como principales motivos los quejosos aducen el no conocer las causas específicas de su detención y el no haber contado con derecho de audiencia previa”, indicó en un comunicado el organismo público con funciones de oficina del Defensor del Pueblo.

El titular de la CNDH, José Luis Soberanes, manifestó en la nota que el Gobierno mexicano pudo haber avisado al gobernador michoacano, Leonel Godoy, antes de lanzar la operación en su contra.

El hecho de que Godoy no fuera informado del operativo antidrogas en Michoacán generó polémica en el país, ya que algunos sectores ven en esa omisión una intromisión del Ejecutivo en los asuntos de esa región.

“En cualquier circunstancia hay modos y formas”, aseguró Soberanes, uno de los representantes públicos que más crítico se han mostrado con el empleo del Ejército en labores de seguridad pública en México, dentro de la campaña contra el crimen organizado lanzada por el Presidente Felipe Calderón.

El titular de la CNDH insistió en que “debe planearse el reforzamiento de la Policía federal así como el retiro gradual de las fuerzas armadas para su regreso a los cuarteles”, agrega el comunicado.
Por otra parte, los abogados de los alcaldes Coahuayana y Aquila, municipios ambos de Michoacán, que están detenidos desde el 25 de mayo, criticaron la operación lanzada hace dos días y consideraron frágiles las pruebas contra sus clientes.

El letrado Francisco Valdovinos sostuvo ante la emisora MVS que se estaba abusando “de las garantías individuales (derechos humanos)” de su cliente, el alcalde de Coahuayana, Audel Méndez Chávez, porque su detención se basa únicamente en declaraciones y no en pruebas firmes.

“Si bien existen algunos elementos que la PGR  dice haber encontrado, consideramos que no son suficientes ni contundentes para tratar de entablarles la responsabilidad y tenerles en calidad de ‘indiciados’ (detenidos pero sin cargos en su contra)”, dijo por su parte Ismael Jiménez Nambo, abogado del alcalde de Aquila, José Cortez Ramos.

Pobladores de la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, encienden veladoras en apoyo al edil  Juan Antonio Ixtlahuac, que fue detenido por la Policia federal.

Integración de pruebas
Abogados objetan acusación de PGR

CIUDAD DE MÉXICO.- Un integrante de “La Familia”, detenido a fines de 2008, es el testigo protegido que con la clave de “Francisco” reveló a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) la presunta red de protección tejida en torno a la organización delictiva por alcaldes, funcionarios estatales, comandantes y policías.

A partir de su testimonio, que de acuerdo con abogados de los indiciados, no detalla circunstancias de tiempo, modo y lugar, la SIEDO decidió ampliar de 48 a 96 horas el plazo para definir la situación Jurídica de los 29 involucrados, para investigarlos por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Peritos de la SIEDO realizan desde este jueves pruebas de voz a los 29 indiciados, para contrastarlas con grabaciones de conversaciones telefónicas con integrantes de “La Familia” en las que supuestamente se pactan pagos por protección y trasiego de drogas con los servidores públicos involucrados.

El testigo protegido vincula a los acusados con Nazario “El chayo” Moreno; Jesús “El Chango” Méndez, los dos principales dirigentes de “La Familia” y con otros lugartenientes de la organización, con quienes supuestamente se habrían reunido y pactado diversas acciones de protección que incluyen la entrega de información reservada.

La SIEDO aplazó también para el sábado el desahogo de diversas pruebas de descargo que ofrecieron este jueves sus abogados, mientras solicitó un paquete de arraigos en contra de los detenidos a un juez especializado en arraigos, cateos e intervención de comunicaciones telefónicas.