Caso Iguala: tiro de gracia para Guerrero

LA VENTA, GUERRERO (25/NOV/20149.- En la última caseta de la Autopista del Sol, antes de llegar a Acapulco provenientes del Centro del país, hombres y mujeres embozados reciben a los automovilistas; se identifican como normalistas y piden una cooperación de 50 pesos a cambio de permitir el paso. Una vez entregado el dinero liberan el tránsito en esta comunidad, que pareciera suspendida en el tiempo: los anuncios luminosos están apagados, pero en sus muros (pintados con grafiti) se pide el regreso con vida de los 43 normalistas.

A 60 kilómetros, en el Municipio de Juan R. Escudero, policías comunitarios retienen a 15 agentes municipales acusándolos de secuestrar a un comandante de su organización. En Tierra Colorada, cabecera municipal, la alcaldesa Elizabeth Gutiérrez Paz y su marido Adán Sandoval son señalados de tener vínculos con el grupo criminal Los Rojos, mientras que en la capital del Estado, en Chilpancingo, se discute la supuesta investigación de 12 alcaldes con nexos con el narcotráfico.

Hacia el Norte, en Teloloapan, despacha el munícipe Ignacio Valladares, videograbado por elementos de La Familia Michoacana realizando el compromiso de proteger al grupo. Todo ocurre en Guerrero, el Estado con más asesinatos por tasa en México y por encima de Chihuahua, Tamaulipas o Michoacán, pero que también arrastra uno de los mayores rezagos educativos y padece de los peores indicadores de pobreza. Hoy se vive en una atmósfera en la que se agudizaron todos los problemas tras la desaparición de los 43 normalistas, ordenada por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda.

En materia de inseguridad, es el primer lugar en homicidios dolosos en 2014 (mil 150 casos hasta septiembre). De cerrar así el año repetiría el mismo lugar de 2013 (dos mil 87).

Tras una investigación de Periódicos Asociados en Red (PAR), se concluye que la Entidad atraviesa por una crisis económica, política y social que la hace transitar por una fragilidad gubernamental que, de seguir así, se podría convertir en un Estado fallido, advierte Gabino Solano Ramírez, doctor en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Guerrero. “Formalmente funcionan las instituciones, pero cada vez más espacios de poder son capturados por los poderes fácticos”.