Casi nada se ha hecho en reforma penal: ministro

CIUDAD DE MÉXICO (07/MAY/2013).- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sergio Valls Hernández, reconoció que "casi nada o muy poco se ha hecho" en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, y consideró negativo el impacto de la falta de un Código Federal de Procedimientos Penales en el país, ya que la pluralidad de leyes en el territorio produce una falta de claridad del proceso penal, "genera incertidumbre e inseguridad jurídicas, tanto para la población, como para quienes intervienen en el proceso penal".

Al participar en el Quinto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia por una Adecuada Implementación de la Reforma Penal, el ministro del máximo tribunal del país indicó que ante los desafíos que implica este nuevo sistema, derivado de la reforma constitucional de 2008, "estamos ante un ´tsunami´ jurídico, por todas las reformas que se nos vienen encima", así que incluso todos los que participan del proceso, "tendremos que estudiar nuevamente derecho".

Valls detalló que actualmente 23 entidades cuentan con un Código de Procedimientos Penales de corte acusatorio, tres de ellas lo operan en todo su territorio, y 10 más lo han implementado por regiones en un proceso que aún no culmina; en siete estados más entrarán en operación parcial durante 2013, otras dos iniciarán su operación parcial en 2014; mientras que en siete están discutiendo en sus legislaturas locales y no han aprobado aún un Código de Procedimientos Penales de corte acusatorio.

El ministro criticó que "existen tantos códigos y maneras de instrumentar el sistema penal, como entidades federativas, lo que provoca que se definan las mismas figuras de diversas formas y, por lo tanto, se le de tratamientos distintos al momento de resolver", por lo que indicó que la existencia de un Código de Procedimientos Penales único permitirá que se consolide el debido proceso en nuestra cultura jurídica a nivel nacional.

Dijo que esto provoca fenómenos como "la nociva práctica de los delincuentes del crimen organizado, de escapar de la justicia trasladándose de una entidad de la República a otra, generalmente a los estados cuya legislación es más laxa -procesalmente hablando-, se ha traducido en recursos públicos dilapidados en la persecución de la delincuencia".

Fustigó que la falta de homogeneización de las reglas que deben utilizarse para la investigación, persecución y procesamiento penal en todo el país, acarrea una diversidad de soluciones ante conflictos similares, "que obstaculiza la rendición de cuentas y la vaguedad del sistema como un todo, trascendiendo así a la afectación de garantías constitucionales".

Para Valls la disparidad "tampoco beneficia la coordinación de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, provoca confusión sobre cuáles son sus responsabilidades y competencias, y en confusión y en la procuración y administración de justicia. Constituye un obstáculo para la capacitación de los profesionales que operan en el sistema: policías, agentes del Ministerio Público, defensores públicos, jueces, así como los auxiliares del sistema de justicia, en tanto que bajo la pluralidad de leyes actuales, tienen que adecuarse a las características de cada legislación.