Calderón y la ingenuidad

Ante las fundadas quejas de una buena parte de la sociedad mexicana, Felipe Calderón elige dar un manotazo al estilo patriarcal del porfiriato. “Tenemos razones para desoír las voces ingenuas que piden que el Estado deje de luchar contra el crimen”, respondió a periodistas y ante el llamado de Amnistía Internacional (AI).

Nadie ha pedido que el Estado deje de luchar contra el crimen, lo que se exige es un replanteamiento de esta guerra, cuyo saldo evidente lo paga la sociedad más que los criminales. Nunca en la historia de Chihuahua hubo tantos crímenes como en los últimos meses, cuando entró el Ejército. Nombres, apellidos, fechas y hechos se han consignado. Sólo en algunos casos (los menos) la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha respondido.

Si el Presidente tiene razones, es su responsabilidad transparentarlas, no descalificar a la sociedad. No es rey, ni dios, es un funcionario público, y como tal tiene la obligación de responder ante una creciente preocupación de millones de personas, coincidan o no en su estrategia de guerra. Su insensibilidad ante el sufrimiento y el miedo de miles resulta inaceptable.

Se equivoca el Presidente cuando dice que quienes violan los derechos humanos son los delincuentes. Los derechos humanos, jurídicamente hablando, los viola el Estado, los delincuentes cometen delitos o crímenes. Así, el reporte de Amnistía Internacional le recuerda que el Estado a su cargo está abdicando de su responsabilidad de proteger a la sociedad de los “efectos colaterales de la guerra”, o de decisiones políticas cuyas consecuencias no se previeron, como los abusos cometidos bajo fuero por agentes del Estado.

Gómez Mont dice que la violencia perpetrada por militares “puede ser un problema de percepciones”. Es el mismo argumento de Echeverría respecto a Tlatelolco. Los asesinatos, robos, violaciones, allanamientos en hogares sin órdenes de cateo, arrestos equivocados, desapariciones y maltratos físicos no son percepciones, sino realidades. Está claro que las exageraciones y generalizaciones no valen, sin embargo la respuesta presidencial es irresponsable, su tono cínico abona a la impunidad y a la polarización social.

No es a la Sedena como institución lo que se critica, sino el uso de los militares como un ejército de ocupación con facultades por encima de tribunales y leyes civiles que rigen en los “territorios ocupados”. Si el Presidente no puede entenderlo, la ingenuidad es suya.