Calderón y el entreguismo

Pocos presidentes mexicanos cedieron tanto ante las presiones de Estados Unidos como Felipe Calderón. Si con Carlos Salinas las fronteras comerciales del país se abrieron a las empresas y productos estadounidenses que inundaron y arrasaron mercados e industrias nacionales, con Calderón las autoridades estadounidenses avanzan cada vez más, sigilosamente y con acuerdos secretos, en la operación e injerencia directa en acciones del Gobierno y las Fuerzas Armadas mexicanas en la “guerra contra las drogas”.

Operativos de la Secretaría de Marina Armada de México diseñados y dirigidos por personal de la DEA estadounidense, en la que los marinos mexicanos sólo siguen órdenes para atrapar o matar a capos del narco; entregas de narcotraficantes pactadas con autoridades de Estados Unidos, como la de Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, donde el Gobierno de México, la SSP, monta una captura; y hasta la existencia no desmentida de un Centro de Espionaje en territorio mexicano, en plena capital del país, donde operan agencias como la CIA, el Pentágono, el FBI y la misma DEA, son parte de peligrosas concesiones que la administración de Calderón ha dado a Washington en aras del combate al narcotráfico.

¿Por qué el Presidente no ha informado ni al Congreso ni a la opinión pública de acuerdos o pactos secretos firmados con Washington que, bajo la oscura figura de la “cooperación binacional” y la difusa Iniciativa Mérida, han permitido que agentes extranjeros y espías trabajen en México y coordinen y ejecuten operaciones de seguridad, ordenando incluso a las Fuerzas Armadas mexicanas?

Porque en los últimos golpes de la Marina, desde la muerte de Arturo Beltrán Leyva hasta el reciente operativo que terminó con la vida de Ezequiel Cárdenas Guillén “Tony Tormenta”, personal de la DEA se ha encargado de las labores de inteligencia que han ubicado a los capos, y son los agentes estadounidenses los que coordinan todo el operativo que ejecutan los marinos mexicanos.

En abril pasado, el general Roberto Badillo, diputado y secretario de la Comisión de Defensa, denunció que Estados Unidos estaba enviando a México a militares de élite entrenados y contratados por empresas privadas para participar en un centro de operaciones de vigilancia aérea con sede en Veracruz.

Disfrazados de “contratos civiles” a empresas privadas de seguridad, esos “mercenarios o rambos”, como los llamó el diputado, estarían operando en territorio mexicano como parte de los acuerdos en materia de seguridad que negocian en secreto México y Estados Unidos con el aval de Calderón.

¿Hay entonces soldados estadounidenses, bajo la figura simulada de empresas “outsourcing”, actuando en operativos contra el narcotráfico en México? ¿Las agencias de seguridad estadounidenses y el Centro de Espionaje operan con la autorización del Gobierno mexicano? ¿En qué acuerdos secretos se estableció todo eso? ¿Lo saben en el Congreso?... Otro tropezón de los dados. Serpiente.