Autoridades verificarán que se cumplan acuerdos en San Quintín

CIUDAD DE MÉXICO (11/AGO/2015).- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ( STPS) y el gobierno de Baja California, así como representantes de los trabajadores, realizarán un operativo especial de inspección en los 122 campos agrícolas del Valle de San Quintín, para constatar el cumplimiento de los acuerdos laborales y salariales entre jornaleros, propietarios y autoridades.
 
En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Alfonso Navarrete Prida, señaló que vigilarán que los derechos laborales y salariales derivados de las mesas de trabajo no se vulneren y se elimine cualquier vestigio o intento de crear "listas negras" para no recontratar o despedir a jornaleros que participaron en el movimiento de hace cinco meses.
 
A la dependencia a su cargo, precisó, le corresponde atender tres de 13 compromisos suscritos en esas negociaciones que tiene qué ver con la obligación de que se publiquen los contratos colectivos de trabajo en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.
 
Asimismo, la elaboración de un estudio para categorizar a las empresas agrícolas del Valle de San Quintín y proponer los mínimos de pagos decorosos de salario integrado, según el tipo de campo inspeccionado, lo cual ya se concretó con un poco de retraso debido a que resultó que existen más capos agrícolas de los que originalmente se dijo había.
 
El tercer punto tiene qué ver con la revisión de las condiciones generales de trabajo y analizar la posibilidad de que este grupo de jornaleros pudieran constituir una asociación sindical debidamente formalizada ante la autoridad laboral, abundó.
 
Navarrete Prida precisó que en lo relativo a la categorización de las empresas se determinó establecer tres niveles: el A, en donde el salario mínimo será de 180 pesos diarios y en el cual se ubicaron 19 centros agrícolas.
 
El B, con sueldo mínimo de 165 pesos diarios y en donde se ubicó a 39 empresas, y el nivel C, con sueldo mínimo de 150 pesos y al cual pertenecen 64 campos agrícolas del Valle de San Quintín.
 
Dicha categorización se realizó con base en información proporcionada por las propias empresas y ratificada por representantes de las secretarías de Agricultura, Economía, el gobierno local y el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde la Secretaría del Trabajo fungió como interlocutor.
 
Para esa estratificación a las características y capacidad económica de cada empresa, la cantidad de trabajadores que laboran en ellas, el monto de subsidio que reciben los propietarios y si existe concesión o no de usos de agua y compromisos fiscales y laborales, aseguró.
 
En este marco, Navarrete Prida subrayó que el universo de trabajadores permanentes en esos campos agrícolas es de mil 800 y los otros 30 mil se contratan de manera distinta y su situación está en vías de regularización.
 
Aclaró que los salarios mínimos acordados para los jornaleros de San Quintín aplicarán sólo en esa zona, no se tomarán como unidades de base salariales para otras regiones o estados de la República u otras actividades agrícolas; es decir, que aplican específicamente sólo para los jornaleros que laboran en los 122 centros de trabajo.
 
De igual forma, el funcionario refirió el bono económico de fin de año para cada trabajador, equivalente a dos semanas de servicio, proporcional al tiempo de trabajo, antes del 20 de diciembre de cada año.
 
El titular de la STPS informó que al día de hoy se han incorporado al Seguro Social 56 por ciento de los jornaleros, pues tan sólo de marzo a julio se otorgaron 10 mil 31 tarjetas de citas médicas, dentro de un universo de 18 mil trabajadores, para lo cual se establecieron módulos de atención en la zona.
 
En síntesis, dijo que los objetivos del operativo especial que se realizará, tiene como objetivo verificar el pago del salario integrado, de acuerdo a la estratificación; valorar el cumplimiento de los 13 acuerdos de la minuta del 14 de mayo del 2015.
 
Reiteró que en el operativo participarán representantes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, bajo el carácter de experto en la materia, aunque también lo harán los representantes de sindicatos constituidos y que son titulares de los contratos colectivos de trabajo.