Aumentan sanciones por tortura en Colima

COLIMA, COLIMA (02/FEB/2013).- Hasta 12 años de prisión podrían alcanzar quienes cometan el delito de tortura, debido a que el Congreso local aprobó reformar en ese sentido la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado, así como el Código Penal de la entidad.

El dictamen a favor de la reforma, presentado en tribuna por el diputado Arturo García Arias, señala la necesidad de actuar ante la reiterada práctica de actos de tortura, en que han incurrido servidores públicos encargados de la detención de personas e investigación de delitos.

"Desde el 1 de enero de 2010 a la fecha, cerca de 15 por ciento de las quejas que se han presentado ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado han sido por violación al derecho humano a la dignidad e integridad personal", refiere el documento.

Por ello, el dictamen considera apropiado incrementar la penalidad mínima de uno a tres años, y la máxima de 10 a 12, a fin de adecuarla a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, y a la de la mayoría de otras entidades que cuentan con una ley anti-tortura.

"El gobierno estatal ha hecho esfuerzos importantes para combatir y castigar los actos cometidos por servidores públicos, especialmente por quienes tienen la encomienda de prevenir o investigar conductas antisociales, tipificando los delitos respectivos en el Código Penal y creando la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura", precisa.

En los considerandos del dictamen se especifica que con la expedición de esta última ley, "se subraya el interés de combatir estas prácticas, que niegan de raíz los principios de la dignidad humana y de la racionalidad en que debe darse la función pública".

Reconoce también que no obstante, "la tortura sigue siendo una práctica común y sistemática en el estado; ya que se usa como instrumento para obtener determinados fines, como información, confesiones e intimidación a las víctimas, dejando heridas indelebles y consecuencias insuperables en muchas de las ocasiones".

Por ello, y en concordancia con las reformas a la Constitución federal en materia de derechos humanos, consideraron urgente reformar el artículo 10 del Código Penal estatal, para tipificar la tortura como delito grave.