Atenderán desapariciones con los protocolos internacionales

CIUDAD DE MÉXICO (19/NOV/2014).- Un paso gigante. La firma del acuerdo de asistencia técnica entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano y los representantes de familiares de las víctimas de Ayotzinapa, es un “parteaguas” que indica que el fenómeno de desapariciones forzadas en el país tiene que enfrentarse de una manera “radicalmente” diferente, es decir, de acuerdo con la normativa internacional, como antes no se venía haciendo, afirmaron representantes de la ONG continental.

“La Comisión manda un poderoso mensaje de que no sólo se atienda el caso, sino también lo estructural, que México desarrolle las capacidades para que no haya un fenómeno de desapariciones forzadas.

Lamentablemente los hechos de Ayotzinapa, en Guerrero, no son nuevos; ya se han presentado en distintas partes del país y eso lo hace más grave en términos de que no sólo se han repetido sino también de que en ocasiones queda un manto de impunidad”, dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza.

En tanto, James Cavallaro, relator para México de la CIDH, aseguró que el grupo de expertos interdisciplinarios, propuesto en este acuerdo para buscar a las personas desaparecidas, acompañará las investigaciones y atenderá a las víctimas con total independencia; “al grupo le corresponderá hacer recomendaciones para que México responda a la normativa internacional, cosa que infelizmente, no ha venido aconteciendo en otros casos cada vez más numerosos de desapariciones forzadas”.

Ambos fueron entrevistados a la salida de la suscripción del adéndum y ratificación de este acuerdo, en el vestíbulo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde se llevó a cabo el acto.

El subsecretario para Asuntos Multilaterales, Juan Manuel Gómez Robledo, también salió luego de la oficialización del convenio, e informó que se creó un grupo de enlace para facilitar la comunicación entre las tres partes firmantes del acuerdo.

“Es un paso muy importante, es parte del compromiso del Estado mexicano de dotar de plena transparencia y credibilidad a las actuaciones del Estado desde que se suscitaron estos hechos”, dijo Gómez Robledo.

El acuerdo especifica que en consulta con los afectados y el Estado, la CIDH integrará un grupo de expertos que se abocará a realizar las tres líneas fundamentales de acción.

“Los beneficiarios de las medidas cautelares y el Estado acordaron la incorporación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes en materia de derechos humanos para realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano, tras la desaparición de los 43 estudiantes normalistas”.

Grupo de expertos

El grupo está por integrarse y en principio tendrá un mandato de seis meses. El Artículo 10 señala textual: “A solicitud del Estado y de los beneficiarios de las medidas cautelares, la asistencia técnica dará inicio de inmediato, el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo”.

Dentro del análisis técnico del plan de atención a las víctimas que hará el grupo de especialistas se solicitará la intervención del Estado para desarrollar un plan de atención integral a las víctimas y sus familiares.

“De ser el caso y conforme a los más altos estándares internacionales, a las mejores prácticas regionales y a la Ley General de Víctimas, recomendar qué acciones deben implementarse para brindar la atención y reparación integral a las víctimas y sus familiares”.

SABER MÁS

¿Qué dice el Artículo ocho?

Refiere que el Estado mexicano reitera su disposición de que a partir de las recomendaciones emitidas para este caso por el grupo interdisciplinario de expertos con motivo de la asistencia técnica solicitada, se fortalezcan las capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas así como las de investigación en casos de desaparición forzada en general.

REUNIÓN DE PADRES DE NORMALISTAS

En su primera conferencia de prensa, el nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, habló de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, situación que “es un acto infausto que nos indigna, nos da vergüenza y nos agravia” y que está obligado a llegar a la verdad.

Tras leer los nombres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, anunció que en breve se reunirá con los familiares de los jóvenes para dar continuidad a la investigación que ya inició la CNDH y en su caso “se reorientará la investigación correspondiente”.

De igual manera condenó los hechos de Tlatlaya, Estado de México, y adelantó que revisará la actuación de este organismo nacional y dará seguimiento puntual a la recomendación emitida.

En su mensaje, González Pérez aseveró que los abusos de autoridad serán investigados y sancionados con todo rigor, además, que México requiere unión y anteponer este interés colectivo a la violencia, ilegalidad y el abuso.

La incansable búsqueda de sus seres queridos

Integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) reanudaron la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre entre Iguala y Cocula, Guerrero.

Unas 80 familias les pidieron ayudarles a encontrar a sus seres queridos. La UPOEG va apoyada por la Organización Civil Forense Ciudadana, que donará 500 pruebas de ADN para identificar cuerpos. Ayer, fuera de la iglesia de San Gerardo, Iguala, los familiares se hicieron exámenes de sangre que serán cotejarlos con los restos que se hallaron en fosas clandestinas y en bolsas en el Río San Juan, cuyas piezas fueron enviadas a Austria para su identificación.