Asociación del Rifle, ''bache'' para México

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (01/AGO/2011).- La exigencia de México hacia Estados Unidos (EU) ha sido constante: que el vecino del Norte controle el tráfico de armas que al final del día terminan en las manos del narcotráfico y provocan muertes indiscriminadas en territorio mexicano.

Organizaciones civiles, legisladores y el mismo Presidente Felipe Calderón lo han pedido, éste último incluso frente a su homólogo estadounidense, Barack Obama. Pero la balanza se ve dispareja del otro lado; la influyente Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés), que ingresa más de 300 millones de dólares al año, usa todo el poder a su alcance desde hace 20 años para defender la industria armamentista y el derecho de los ciudadanos estadounidenses a poseer armas, garantizado por la segunda enmienda.

La relación en este punto entre México y Estados Unidos se tensó más a partir de la operación “Rápido y Furioso”. Agentes estadounidenses permitieron el cruce ilegal de más de dos mil armas en la frontera con el objetivo de rastrear a los líderes del narcotráfico, pero el resultado fue fatal, pues les perdieron la pista.

¿La consecuencia? Jaime Zapata, integrante de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), fue asesinado en San Luis Potosí con una de esas armas. Además, el miércoles pasado, Carlos Canino, jefe en México de la de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF), afirmó que las armas que ingresaron al país mediante el operativo fueron adquiridas por el cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Los cuarteles generales de la Asociación Nacional del Rifle se alzan sobre una abigarrada zona de bosques y edificios de colegios y universidades en el condado de Fairfax, en Virginia.

Al interior de sus muros acristalados, que resguardan sus oficinas y sus galerías de tiro, se encuentra además un formidable museo de colección de armas que datan del siglo XV y que son parte del correlato histórico de una nación imposible de concebir sin sus guerras y sin el aroma a plomo y pólvora.

Con sus más de cuatro millones de miembros e ingresos anuales superiores a los 300 millones de dólares, la NRA es uno de los grupos de presión más poderosos en Estados Unidos. Reconocida como Organización No Gubernamental (ONG) desde 1996, la NRA es además un influyente grupo de presión en el seno de Naciones Unidas, desde donde se ha dado a la tarea de abogar incansablemente por los intereses de la poderosa industria de las armas.

Defensora de la segunda enmienda de la Constitución, que consagra el derecho de los estadounidenses a portar armas, la NRA se ha convertido, por causa de poderosos intereses políticos y corporativos, en la “organización verdugo” de decenas de iniciativas de control de armas que han sido sepultadas a golpe de chequera en el Congreso.

Tan sólo en las dos últimas décadas, según una investigación realizada por The Washington Post, la NRA ha gastado más de 100 millones de dólares en campañas de cabildeo político y fondos para respaldar a aquellos candidatos demócratas y republicanos que no han dudado a la hora de defender los intereses de la industria de las armas.

Durante las elecciones legislativas de medio término en noviembre de 2010, 80% de los candidatos demócratas y republicanos respaldados por la NRA resultaron victoriosos, lo que da una idea del poder de una organización que nació en 1871 con el objetivo de defender y robustecer los sistemas de autodefensa ciudadana, pero que siglo y medio más tarde se ha convertido en un monstruo de largos tentáculos que lo mismo influye en la nominación de un juez que en la regulación de los impuestos o del presupuesto.

“Hoy muchos congresistas le temen al enorme poder de la NRA”, aseguró la legisladora Carolyn McCarthy, demócrata por Nueva York y una de las pocas voces que han librado una lucha desigual frente al poderoso lobby de las armas en EU, desde que su esposo fue abatido en 1993 por un desequilibrado que entró en un tren en Long Island, Nueva York, para disparar a mansalva y asesinar a seis personas más.

A pesar de que hoy la mayoría de los estadounidenses (62% según la última encuesta realizada por PollingReport) se ha manifestado a favor de restablecer la reinstalación de la prohibición de las armas de asalto que expiró en 2004, el Congreso y la Casa Blanca han navegado a contracorriente por temor a perder el apoyo o ganarse las enemistades de la NRA.

“El Congreso, la Casa Blanca y la NRA han perdido el contacto con los ciudadanos”, aseguró Paul Helmke, presidente del Brady Center y uno de los más activos promotores para reinstaurar la prohibición contra las armas de asalto que ha demandado el Gobierno de México.

En uno de los desencuentros más marcados entre ambas naciones, está precisamente la operación “Rápido y Furioso”.

Falta de voluntad

La falta de voluntad política para regular las armas de asalto, aunada a poderosos intereses creados, ha contribuido a reducir a su mínima expresión las iniciativas para tratar de acotar la venta y la exportación de armamento que va a parar a manos de organizaciones criminales, particularmente de los cárteles de la droga en México, los cuales se han beneficiado de las campañas de la NRA para defender los intereses de la industria armamentista.

Se trata de una organización que, según grupos como The Violence Policy Center, está detrás del acelerado proceso de transformación de una industria que ha decidido apostar por el armamento de tipo militar que hoy surte a ese bazar internacional al que acuden los cárteles de la droga para abastecerse.

Según el estudio The Militarization of the US Civilian Firearms Market (La Militarizacion del Mercado Civil de Armas en EU), realizado por esta organización, de las 15 empresas más importantes en la Unión Americana, 11 han decidido dar un giro importante para impulsar la producción y venta de las armas de asalto que incluyen múltiples variantes del AK-47, rifles semiautomáticos AR-15 o M-16 o la Five-Seven 5.7 28 mm, mejor conocida en México como “matapolicías”, porque atraviesa los chalecos blindados.

“El revólver de nuestros abuelos ya no tiene nada que ver con el mercado civil de las armas en Estados Unidos”, aseguró Tom Díaz, analista de The Violence Policy Center, una organización sin ánimo de lucro que se ha dado a la tarea de estudiar la gradual transformación militar de la industria armamentista ante el declive de las ventas de armas convencionales para la seguridad personal o para actividades deportivas o la cacería.

Un mercado único

“Hoy, la industria de las armas en EU ha creado un mercado civil único que se ha convertido en el bazar de miles de criminales, peligrosos extremistas y narcotraficantes en todo el mundo. Hoy día, si el Congreso quiere hacer realmente algo, tendrá que poner más atención en la transformación de un mercado que produce armas de guerra. Si los malos y criminales vienen aquí a comprar sus armas, es porque las encuentran por doquier y a precio muy accesible”, añadió Díaz en alusión a las armerías y a las ferias de armas que se han convertido en el gran supermercado del crimen organizado internacional ante la impávida mirada de los ciudadanos, la indignación de gobiernos aliados como México y la impotencia de numerosos miembros del Congreso.

Cuando el 15 de julio la minoría demócrata presentó la iniciativa de ley que busca criminalizar el tráfico ilegal de armas que terminan en manos del crimen organizado y los cárteles de la droga, la primera pregunta dirigida a los congresistas puso el dedo sobre las escasas posibilidades de que esta nueva propuesta se convierta en ley y corra la misma suerte que las decenas de propuestas que han sido sepultadas bajo la mirada complaciente de la NRA. “Nunca vamos a lograr los cambios si no luchamos por ellos”, se limitó a señalar con un aire de derrota anticipada Elijah Cummings, el demócrata de mayor rango ante el Comité de Supervisión Gubernamental y un congresista que tiene más de 30 años de trayectoria que, a pesar de saber que la iniciativa no llegará a ningún lado, ha decidido emprender una batalla de carácter testimonial con la esperanza de allanar el camino a una futura legislación que ponga fin al multimillonario negocio de tráfico ilegal de armas que sigue atizando una guerra al sur de la frontera, con decenas de víctimas.

FRASES

''La industria de las armas en EU (…) se ha convertido en el bazar de miles de criminales, peligrosos extremistas y narcotraficantes en todo el mundo ''

Tom Díaz, analista de The Violence Policy Center

En una visita a EU en marzo, el Calderón pidió a Obama hacer algo para frenar tráfico de armas; éste admitió dificultad para lograrlo