Asedio del narco incrementa riesgo de alcaldes en México

SANTIAGO, NUEVO LEÓN (25/SEP/2010).- Luego del asesinato de Edelmiro Cavazos, alcalde de Santiago, Nuevo León, Bladimiro Montalvo, tomó el cargo en medio de una ola de violencia que amenaza a ediles en muchas regiones de México.

El ex profesor de 67 años, distribuye víveres en las escuelas, organiza una feria de empleos y trabaja para remodelar la biblioteca. También trata de no terminar como su antecesor, quien según las autoridades fue secuestrado y asesinado a tiros el mes pasado por sus propios agentes policiales, vinculados con grupos del crimen organizado.

Las autoridades informaron que el antecesor de Montalvo, Edelmiro Cavazos, de 38 años, fue asesinado por su propio guardia de seguridad y por otros agentes, en represalia por sus intentos de tomar medidas contra los policías corruptos.

"El eslogan del licenciado Edelmiro Cavazos era 'lo mejor de Santiago es su gente', y su gente lo entregó'', dijo Montalvo, protegido por guardias armados que se colocan a la puerta de su palacio municipal.

El jueves, un grupo armado mató al alcalde Prisciliano Rodríguez Salinas y a un ayudante particular, en el municipio de Doctor González, ubicado unos 50 kilómetros de Monterrey.

Alexander López García, alcalde de El Naranjo, también fue muerto a tiros, el 8 de septiembre, por sujetos encapuchados. El gobernador del estado de San Luis Potosí, Fernando Torazo, dijo que López García había pedido ayuda para erradicar la corrupción de la policía.

En agosto, el presidente del municipio de Hidalgo, Marco Antonio Leal García, fue abatido a tiros cuando conducía un vehículo junto a su hija de 10 años, quien resultó herida.

Y al menos siete presidentes municipales más han muerto violentamente en los estados fronterizos de México durante este año. El viernes, el presidente municipal electo de Gran Morelos, un pueblo del estado de Chihuahua, fue atacado a tiros y se encontraba en estado crítico.

Cada vez con más frecuencia, los carteles mexicanos del narcotráfico han atacado a estos funcionarios. Las distintas organizaciones ilícitas libran una violenta guerra, no sólo contra el gobierno, sino entre sí para controlar los mercados y rutas del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos.

Utilizan poblados apartados y poco vigilados para ocultar lo mismo víctimas de secuestros que armas y drogas. Deben coptar o eliminar a las autoridades, incluidos los alcaldes, para asegurar el control de las zonas.

Más de 28 mil personas han muerto en actos relacionados con la violencia del narcotráfico desde finales del 2006, cuando el Presidente Felipe Calderón, que recién había asumido, declaró la guerra a los carteles de la droga. En el noreste de México, donde ha ocurrido la mayoría de los asesinatos recientes de alcaldes, la violencia se agravó este año, después de que el cartel del Golfo rompió con los Zetas, que eran antes sus asesinos a sueldo.

Con semejante derramamiento de sangre, muchos presidentes municipales optan simplemente por hacerse de la vista gorda ante los narcotraficantes, aún cuando éstos se apoderan de sus poblados.

"A veces es mejor no saber cómo están las cosas, a veces es mejor no saber'', dijo Raúl Mireles, presidente municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, una comunidad agrícola y ganadera, por la que pasa la autopista que lleva a Laredo, Texas. "Yo lo único que le puedo decir es que yo no me meto con nadie''.

Sujetos armados han lanzado granadas en dos ocasiones contra el cuartel de la policía de Sabinas, y suelen circular desenfadadamente, en caravanas, sobre los caminos vecinales. A comienzos de este año, los soldados rescataron a 16 personas secuestradas por los Zetas en una finca en Sabinas.

"Aquí se pasean en sus carrotes y luego se sabe que son ellos porque la gente mala es muy conocida'', dijo un ama de casa de Sabinas, quien solicitó permanecer en el anonimato por temor a represalias. "En la noche, si no tienes a qué salir, es mejor quedarte en tu casa. Aquí nosotros vivimos con miedo''.

Mireles, en una tarde reciente en la que trabajaba en los preparativos para la fiesta anual del pueblo, insistió en que el narcotráfico es "problema del gobierno federal''.

Funcionarios de alto rango y alcaldes de ciudades más grandes, cuentan con personal de seguridad bien entrenado y armado, así como con vehículos blindados, pero la mayoría considera también que el crimen organizado es un asunto federal, y pocos se involucran en su combate.

Una excepción sería Mauricio Fernández, el extrovertido presidente municipal de San Pedro Garza García, en Nuevo León.

Con el apoyo de gente adinerada de su municipio, Fernández ha despedido a decenas de agentes supuestamente vinculados con el narcotráfico, compró autopatrullas nuevos y mejoró el entrenamiento de los policías en esta ciudad de unos 122 mil habitantes.

Paga mil dólares más prestaciones a sus agentes, tres veces el salario promedio, a fin de reducir los riesgos de que decidan trabajar con las bandas narcotraficantes en busca de más dinero.

"Yo no quiero que se sigan empeorando las cosas aquí en San Pedro, porque las dejas correr y correr, y al rato todos los policías trabajan para el crimen organizado'', dijo Fernández.

Cuando era candidato a alcalde, Fernández desató un debate nacional sobre los vínculos entre los políticos y el crimen, cuando la prensa mexicana difundió una grabación en la que el ahora presidente municipal decía a sus simpatizantes que sabía de capos narcotraficantes que vivían en el poblado y que estaban interesados en que no estallara la violencia ahí.

Fernández reconoció haber hecho esas declaraciones, pero señaló que habían sido sacadas de contexto.

Alguna vez, anunció la muerte de una víctima antes de que el cadáver fuera hallado.

San Pedro es un municipio más rico que la mayoría en México. En muchos municipios, la norma es tener policías mal preparados y equipados, con un salario mensual de unos 400 dólares.