Apuestan por democratizar el ejercicio del poder

CIUDAD DE MÉXICO (20/ABR/2012).- Quienes la aprobaron juraban ayer que, aunque con sus insuficiencias, será una reforma constitucional que insertará inéditamente al sistema de Gobierno mexicano nuevas formas de participación ciudadana; pero los opositores a ésta, y a aquéllos, han reiterado su dicho de que este proceso legislativo conocido también como “la reforma política” es pura simulación y ganas de engañar a la población diciéndole que se ha inaugurado en México la democracia directa, cuando en realidad los beneficiarios siguen siendo los de enfrente: el grupo económico y político que tiene bajo su égida al Poder  Ejecutivo Federal y a la colectividad misma del Congreso de la Unión a través de las cúpulas del PRI y el PAN.

¿Qué se aprobó y qué no? Hay que partir de estos hechos. Aprobaron la iniciativa popular, las candidaturas independientes; la consulta popular; la iniciativa preferente; la sustitución del Presidente de la República en caso de falta absoluta; la toma de protesta del Presidente de la República; la ratificación de titulares de órganos reguladores del Estado.

Y quedaron pendientes para otra Legislatura la reconducción presupuestal, la reelección de legisladores, el veto al Presupuesto de Egresos y la revocación de mandato; el referéndum y la creación de los tribunales constitucionales; todos estos, temas que también disputaban un sitio en la reforma constitucional.

A manera de prólogo, el diputado que preside la Comisión de Puntos Constitucionales, el perredista Hilario Everardo Sánchez Cortés, expresó que “estas reformas, frente a las aspiraciones de la sociedad, están guiadas con el objetivo de rescatar el pleno ejercicio de la soberanía popular, cuyo titular, tal y como lo establece el Artículo 39 constitucional, es el pueblo”.

Reforzaba diciendo que las reformas “buscan ampliar los espacios de la vida democrática del país, esto es, democratizar el ejercicio del poder por el poder mismo considerando que el régimen presidencialista del país está agotado”. Y remachaba: “Estas reformas no son suficientes, pero constituyen un avance que sentará las bases para que las legislaturas posteriores continúen con el camino democrático marcado en esta LXI Legislatura”.

Y por qué unas figuras sí, y otras no?

Consulta Popular: quienes la convoquen tendrán que sumar cuando menos 2% del padrón electoral (algo así como un millón 600 mil votantes), y para que tal consulta sea legal deberá contar con un mínimo de 30 millones de participantes.

Las candidaturas independientes quedaron pendientes de su valoración financiera, por el IFE, y se estableció que sólo recibirán recursos públicos.

Iniciativa Popular: El Pleno de los diputados dispuso que para que una persona que no sea diputado federal, local, senador o Presidente de la República, pueda presentar una iniciativa de ley deberá acompañarla con la firma de un millón de personas debidamente acreditas con firma y credencial de elector.Iniciativa Preferente: Esta figura constitucional es un inobjetable beneficio para el que funja como Presidente de la República. Senado y Cámara de Diputados estarán obligados a dictaminar dos iniciativas que interesen al Ejecutivo Federal, por periodo ordinario de sesiones.

La toma de protesta del Presidente de la República ahora no sólo podrá hacerse ante el Pleno del Congreso General. También, en caso de conflicto político grave, ante presidentes de las mesas directivas de los diputados y senadores. Y si aun así el problema fuera muy fuerte, entonces se podría tomar protesta ante el presidente de la Corte.

En el caso de la revisión de la Cuenta Pública, los diputados han movido sus tiempos de presentación. Es, aunque muy insuficiente, uno de los casos en que la reforma sí empata con la función de control político del Congreso de la Unión. Como también en el caso de la ratificación de los nombramientos de órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, mismos que se suman a los que ya están, como es el caso del titular de la PGR.

En el tintero

De los que quedaron pendientes, sobresalen el caso de la reelección legislativa y municipal, la revocación de mandato, el referéndum y la creación de tribunales constitucionales.

La reelección afectaba de manera sensible al PRI, porque acomete a la disciplina que dio cohesión al tricolor desde su nacimiento; la revocación de mandato, según criterios de priistas, provocaría graves problemas para la gobernabilidad al que fuera en el futuro el Presidente de la República. Y, como se sabe, ellos están bien creídos en que esta vez la ganarán. Y al no crear los tribunales constitucionales, dan más fuelle político a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con ello continuarán burocratizando la interpretación de la justicia y la legalidad.

FICHA TÉCNICA

Así quedaron

¿Qué aprobaron?

Candidaturas independientes.

Consulta popular.

La Iniciativa popular.

La Iniciativa preferente.

Sustitución del Presidente en caso de falta absoluta.

¿Qué rechazaron?

La revocación de mandato.

La reelección de legisladores.

El referéndum.

El veto al Presupuesto de Egresos.

La creación de los tribunales constitucionales.

REACCIÓN
El PRI se defiende

Felipe Solís Acero, a nombre de la fracción parlamentaria del tricolor, dijo que se trata de un proyecto que no es menor y que es trascendental para la vida política del país, y que permite “figuras claramente de democracia participativas”.