Aprueba Senado derogación del Renaut

CIUDAD DE MÉXICO (29/ABR/2011).- El pleno del Senado aprobó este viernes la derogación del polémico Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), y la creación de un nuevo modelo para combatir la extorsión telefónica y otros delitos derivados de las telecomunicaciones.

En la última sesión del periodo ordinario, la reforma fue aprobada por 80 votos, y pasó a la Cámara de Diputados para su revisión.
Como adelantó esta casa editorial en su edición impresa, el texto reforma diversas disposiciones del código Federal de Procedimientos Penales, del código Penal Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

Con estos cambios, se obliga además a los centros penitenciarios a tener equipo que permita bloquear o anular las señales de telefonía móvil, dentro de su perímetro.

La reforma fue presentada por los senadores González Alcocer, Tomás Torres Mercado (PRD) y Fernando Castro Trenti (PRI), facultan al Ministerio Público a solicitar a los concesionarios del servicio de telecomunicaciones a través de la COFETEL, a realizar la localización geográfica en tiempo real, de las comunicaciones que estén relacionadas con delincuencia organizada.

Los concesionarios serán sancionados económicamente si no obedecen a la autoridad, de uno a cinco años de prisión, y de mil a 10 mil días de salario mínimo, equivalentes a 59 mil 800 pesos y 598 mil pesos.

La misma sanción se aplicará a la autoridad que brinde otro uso a la información requerida.

Así, las reformas obligan a los concesionarios de telefonía celular a colaborar con las autoridades en la localización geográfica en tiempo real de comunicaciones relacionadas con delitos como secuestro, extorsión o amenazas, con sanciones a quienes no lo hagan.

Con ello se aportan nuevas herramientas al Estado mexicano para investigar con mayor eficacia delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro, extorsión o amenazas.

Se intenta además el robo de teléfonos celulares, y su uso para fines delictivos, principalmente el que se lleva a cabo al interior de los centros penitenciarios, y tiene el consenso de las principales fuerzas políticas, confirmó el presidente de la comisión de Justicia Alejandro González Alcocer (PAN).

Los concesionarios tendrán un plazo de 72 horas para entregar la información requerida por la PGR o procuradurías estatales.
Los usuarios tendrán que aportar datos de los teléfonos que les sean robados, para que se desactiven permanentemente y se evite que sean usados por la delincuencia.