Lunes, 25 de Noviembre 2024
México | Una ministra considera que el decreto del Ejecutivo es inconstitucional

‘‘Apagón digital’’ ahora está en duda

Una ministra considera que el decreto del Ejecutivo es inconstitucional, en respuesta una controversia planteada por los legisladores

Por: EL INFORMADOR

La ministra Olga Sánchez Cordero concluye que con su decisión no se afecta la seguridad ni la economía nacionales. EL UNIVERSAL  /

La ministra Olga Sánchez Cordero concluye que con su decisión no se afecta la seguridad ni la economía nacionales. EL UNIVERSAL /

CIUDAD DE MÉXICO (22/OCT/2010).- El proyecto del Ejecutivo de poner en marcha el “apagón analógico” en 2015 tuvo un freno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La ministra Olga Sánchez Cordero suspendió la medida puesta en marcha por el Gobierno porque llegó a la conclusión que es inconstitucional y dio la razón a los legisladores que promovieron la suspensión.

Con esta medida, Sánchez Cordero considera que no se afectan ni la seguridad ni la economía nacionales, dado que no se trastocan las condiciones actuales en que vienen operando tanto los concesionarios como los permisionarios de los medios de comunicación.

Básicamente, la decisión se inspira en el decreto firmado por el Presidente Felipe Calderón puesto que es una decisión que le compete a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), un organismo descentralizado.

Empero, el Gobierno ya prepara su respuesta.

El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas, afirmó que en un escenario en el que se ratifique la suspensión del decreto, habrá que esperar a que se agote el proceso de acción de inconstitucionalidad y una vez que esto suceda, de inmediato el Gobierno repondrá el procedimiento para llevar a cabo la migración digital en la televisión abierta.

Esta reposición se haría en los términos en que resuelva el máximo tribunal.

“Se acatará lo que resuelva la Corte, pero no podemos perder de vista el objetivo, que es que el “apagón” se dé el 31 de diciembre de 2015”.

Por su parte, Mony de Swaan, presidente de la Comisión federal de Telecomunicaciones (Cofetel), adelantó que el Gobierno mantiene la meta de concluir la transición digital en 2015.

En este contexto de controversias, Irene Levy, abogada especialista en telecomunicaciones, dijo que la controversia promovida por legisladores es más política que jurídica, además de que confunden la autonomía del órgano regulador.

Telón de fondo

La estrategia de Felipe Calderón


El 3 de septiembre, el Presidente Felipe Calderón emitió un decreto mediante el cual establece el adelanto a 2015 del “apagón” de las señales analógicas de televisión abierta, aunque el plan original ponía como fecha tope 2021.

La medida que el Ejecutivo anunció que iniciaría en 2010 pretende que en cinco años la totalidad de los hogares mexicanos tengan una aparato de televisión y una señal digital. Para ello el Gobierno federal contribuirá con el cambio de los aparatos receptores.

El decreto —que forma parte de uno de los llamados “10 puntos para transformar a México” y que fue encargado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)— aclara que no habría modificaciones a los títulos de concesión de los operadores actuales, e indica que habría empresas que podrían prestar nuevos servicios digitales, a partir de la liberación de la banda de 700 megahercios.

A las televisoras les sorprendió el decreto, debido a las fuertes inversiones que tendrían que hacer para adaptarse anticipadamente al proceso de digitalización. Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) reaccionó y dijo que Estados Unidos tardó 13 años en cambiar del sistema analógico al digital y que para ello invirtió cuatro mil millones de dólares en subsidios.

Los diputados, incluidos los del PAN, presentaron una controversia constitucional en contra del decreto al considerar que la transición le compete a la Cofetel.

El titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, consideró contradictoria la controversia al decir que la dependencia que dirige también tiene atribuciones en la materia, “incluye aspectos de política industrial, que implica a la secretarías de Comunicaciones y Transportes, Economía, Educación Pública y Desarrollo Social”.

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