Antros tramitan amparos con documentación falsa

CIUDAD DE MÉXICO.- La delegación Coyoacán, en la Ciudad de México, ha detectado la operación de una red de abogados que tramita amparos, con documentos apócrifos, para que antros y bares operen de fuera de la ley.

En establecimientos situados en avenida Cafetales, así como en colonias de Santo Domingo y Ajusco, negocios funcionan con suspensiones provisionales otorgadas por jueces federales, pese a no tener —pues se presume que son falsas las que presentan— la licencia de funcionamiento o la declaración de apertura.

De acuerdo con la demarcación, la conexión entre los abogados es el domicilio oficial que registran para recibir notificaciones, que es Pennsylvannia número 302 accesoria 6, colonia Nápoles, en la delegación Benito Juárez.

Un reporte de la jurisdicción establece que los representantes legales presentan, por “actos inminentes de ejecución”, los documentos ante el juez federal, quien les otorga la suspensión provisional para salvaguardar sus derechos ante la actuación de la autoridad.

La demarcación expuso que en muchos casos la documentación es apócrifa. “Se le explica al juez, pero no lo toma en cuenta y otorga la suspensión”, explicaron fuentes consultadas.

Dijeron que al obtener la suspensión provisional, el antro o bar siguen operando hasta que sus abogados consiguen otra. “Lo importante es obtener tiempo. No les importa perder el juicio, siempre se sobresee, buscan otro”, sostuvieron.

La mayoría de las suspensiones otorgadas están radicadas en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal. De 22 juicios de amparo, 17 están litigándose ahí. Se tienen detectados sitios como Evaluz, La Altura y Amazonas, en la colonia Ajusco, y El Íkaro, en Cafetales.

Desde 2007, las autoridades de las delegaciones Coyoacán e Iztapalapa denunciaron la existencia de esta red de abogados que con los documentos presumiblemente apócrifos obtienen los amparos para seguir operando.
El 16 de mayo de ese año, el entonces jefe delegacional en Iztapalapa, Horacio Martínez Meza, denunció la existencia de “una red de corrupción” mediante la cual 16 establecimientos mercantiles interpusieron juicios de nulidad o de amparo mediante la presentación de una serie de documentos falsos.

“Lo que coincide en los 16 casos es que en los juicios interpuestos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ponen como domicilio para oír o recibir todo tipo de notificaciones el de Pennsylvannia 302, accesoria 6, colonia Nápoles, en Benito Juárez. En esa dirección no se encuentra un despacho jurídico, sino otro giro mercantil, un restaurante llamado La Rondalla”, dijo entonces.

Se interpuso una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Para el 1 de junio, la delegación Coyoacán, cuyo titular era Heberto Castillo, aseguró que el grupo de abogados denunciado en Iztapalapa también trabajaba en su demarcación.

María del Rosario Tapia, entonces directora jurídica y de Gobierno de Coyoacán, dijo que habían detectado la falsificación de firmas de funcionarios para permisos en favor de establecimientos irregulares.

Los antros ubicados en esa ocasión coinciden, a excepción de Los Tarros, con los detectados por la actual administración de Raúl Flores.

Consultada sobre los amparos, Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión del DF en la Cámara de Diputados, dijo que si bien hay algunos que actúan conforme a la ley, hay otros que “sorprendentemente” otorgan suspensiones provisionales o definitivas a antros “sin tener claridad en el expediente”.

La ex delegada en Miguel Hidalgo opinó que está situación no excluye que desde los verificadores hasta los abogados de las demarcaciones hagan su trabajo conforme a la ley porque, con una verificación mal fundamentada, es difícil litigar en los tribunales.

Consideró importante acotar los criterios de los jueces federales para el otorgamiento de las suspensiones.

Megoperativo espanta a negocios

Con antros cerrados, verificadores “recién habilitados”, la negativa para entrar a un bar, cuatro establecimientos fuera de horario y hasta el cumplimiento de la ley, fue como transcurrió parte del “megaoperativo” que aplicaron autoridades delegacionales y el Gobierno capitalino la madrugada de ayer.
En la delegación Gustavo A. Madero se verificaron 39 antros y bares. Sólo seis fueron suspendidos: tres por protección civil y el resto por cerrar más tarde de lo permitido.

En la delegación Cuauhtémoc, durante el fin de semana, se visitaron 18 establecimientos, sólo en dos se suspendieron.

En el bar PM, en la Condesa, las autoridades dijeron que el encargado del lugar —quien no se identificó— negó el ingreso de las autoridades. Cerró la puerta y los asistentes se fueron por la salida de emergencia.
En Miguel Hidalgo, se practicaron 30 verificaciones en el fin de semana y ningún negocio violó la ley.

En el caso de Benito Juárez, el Perla Negra fue cerrado y se colocaron sellos por carecer de medidas de protección civil requeridas por la ley.

Castigan después de la tragedia

Como ocurrió con el caso del New’s Divine, tuvo que pasar una nueva tragedia para que las autoridades capitalinas pusieran la lupa en bares que no cumplen con las mínimas medidas de seguridad.

En junio de 2008, 12 personas, la mayoría menores de edad, murieron por un operativo fallido de las autoridades capitalinas. En el lugar, que operaba desde 1996, se vendían bebidas embriagantes a los menores y a pesar de las denuncias de vecinos las autoridades no procedieron.

Ahora el atentado contra el delantero del Club América, Salvador Cabañas, abrió de nuevo el debate sobre la forma en que operan estos centros de recreación.

Incluso el presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, el Ismael Rivera, dijo que todos los bares que operan en la capital del país están inmersos en la corrupción.
Después matizó: “Es una declaración no atinada por parte mía, esto no está en todos los empresarios de la industria, así como tampoco en todos los funcionarios de Gobierno”.

Lo cierto es que si el propio representante de estos negocios acepta que predomina la corrupción, es muy difícil que situaciones como las antes mencionadas no se repitan.