Amparos por deuda que dejó Moreira irán a la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO (14/MAR/2012).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción para resolver si deben admitirse a trámite siete amparos contra el decreto por el que el Congreso de Coahuila autorizó el refinanciamiento y pago de la deuda que heredó la administración del ex gobernador Humberto Moreira.

Los amparos fueron interpuestos por empresarios de la entidad, para impugnar la decisión del Congreso que destinó el 100% de la recaudación del impuesto sobre nómina para pagar deudas por más de 33 mil millones de pesos que se contrataron mediante un procedimiento fraudulento de cuya investigación han derivado varias detenciones de servidores públicos.

La segunda sala de la Corte resolvió por unanimidad de votos que los asuntos atraídos tienen una relevancia excepcional, porque permitirán establecer si los ciudadanos pueden promover amparos para exigir cuentas a los congresos locales sobre el destino de los ingresos públicos.

"La decisión que llegue a emitirse es susceptible de afectar e impactar a los actos de gobierno relacionados con la deuda pública y la contratación de empréstitos y con ello, el bienestar así como la estabilidad social y a la sociedad en general", consideraron los ministros.

Destacaron que el tema central en los recursos de revisión es la procedencia del juicio de amparo indirecto, promovido por un gobernado contra actos de un congreso local, relacionados con el reconocimiento, autorización, aprobación y orden de pago de la deuda pública de la entidad federativa.

El estudio de estos recursos permitirá a la Corte también establecer si procede el amparo indirecto de un gobernado para impugnar la contratación de empréstitos, refinanciamiento, la constitución de un fideicomiso, la afectación de su patrimonio y de los ingresos tributarios, estableció la sala

Los siete amparos fueron desechados por juzgados federales de Torreón con el argumento de que son notoriamente improcedentes porque los ciudadanos no tienen interés jurídico para reclamar a un congreso estatal actos relacionados con la deuda pública y la contratación de empréstitos.

Este martes la sala determinó que es necesario aclarar primero si los jueces debieron admitir las demandas en lugar de desecharlas sin mayor trámite.