Amnistía Internacional urge a cambiar iniciativa de ley de seguridad

- Delinean estrategia conjunta para dar
celeridad a Ley de Seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (13/MAY/2011).- Amnistía Internacional (AI) consideró hoy "imprescindible" que el Congreso mexicano rectifique el sentido de la iniciativa de Seguridad Nacional, que en caso de ser aprobada "debilitaría gravemente la protección de los derechos humanos en México".

En rueda de prensa, el director ejecutivo de AI México, Alberto Herrera, se mostró crítico con una legislación propuesta por el Presidente Felipe Calderón para tratar de hacer más efectivo el combate a la criminalidad.

La propuesta busca dar más atribuciones a las Fuerzas Armadas en tiempo de crisis internas como la actual situación de violencia causada por el crimen organizado.

La respaldan las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), que consideran que la iniciativa daría certidumbre jurídica a ambas instituciones en la lucha contra la delincuencia.

Sin embargo, varias organizaciones civiles y activistas como el poeta Javier Sicilia, el empresario Eduardo Gallo y Tello, o el sacerdote Alejandro Solalinde, un connotado defensor de migrantes, se han opuesto a ella.

En opinión de AI, "la propuesta de dictamen debería incluir estrictos controles sobre las labores policiales y aquellas relacionadas con el uso de la fuerza, así como mecanismos claros y efectivos de rendición de cuentas para prevenir y sancionar abusos".

En este año AI "recibió nuevos informes sobre homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias a manos de miembros del Ejército y de policías municipales, estatales y federales".

"Las fuerzas militares no están diseñadas ni capacitadas para ejercer labores como la revisión en retenes, las detenciones, los cateos (registros), las intervenciones en comunicaciones y la obtención de inteligencia", añadió Herrera.

En 2010 se registraron "al menos 15 mil muertes violentas relacionadas con bandas del crimen organizado", recordó el activista.

En total, unas 40.000 personas han fallecido en choques entre los carteles de las drogas y de éstos con las fuerzas de seguridad desde que el presidente Felipe Calderón lanzó una lucha frontal contra el crimen organizado tras asumir el poder el 1 de diciembre de 2006.