Advertencia al Presidente

En medio de la Cumbre de Líderes de América del Norte, la Policía Federal dio un golpe inesperado: la detención de un operador del narcojefe Ismael “El Mayo” Zambada, que tenía órdenes de asesinar al Presidente Felipe Calderón. Pero más sorprendente fue la forma como explotó esa información. No se dio en el boletín de la Secretaría de Seguridad Pública Federal donde sólo se mencionó la detención de narcotraficantes del cártel del Pacífico —que es derivación del fracturado cártel de Sinaloa—, sin tocar ese dato relevante, sino que fue el jefe de la División Antidrogas, Ramón Pequeño, quien reveló los planes que tenía la banda criminal. El extraño procedimiento llevó a cuestionar si, en efecto, se había descubierto un complot para matar al Presidente, o se trató meramente de una acción propagandística.

Calderón dijo que no sabía de ese intento, lo cual no sería extraño, pero que ni era el primero, ni sería el último. En marzo de 2007, Calderón reveló que había recibido amenazas de muerte, en una entrevista con la agencia británica Reuters, lo que causó gran revuelo, porque no es normal que un Presidente hable de que lo han amenazado. Que no supiera hasta que se desactivó el nuevo plan, no es anómalo. Se suele informarles cuando se desactiva la acción, o cuando se descubre en sus primeros momentos.

Pequeño, quien es uno de los comandantes que más sabe sobre cárteles de la droga, señaló que Dimas Díaz Ramos, quien fue capturado junto con otros tres miembros de la organización criminal, operador financiero de Zambada, tenía la encomienda de preparar el asesinato de Calderón. Al estar a cargo de las finanzas, lo conducente es que Díaz Ramos iba a contratar a los sicarios a quienes les encargarían el trabajo, y a pagarlo. Tenía el dinero y los contactos para ello. Entrar en la discusión si Pequeño dice la verdad o no, es como incurrir en un acto de fe. Habrá quienes no requieran de mayor prueba de su dicho, y también quienes, aún con todas las pruebas, dirán que es falso.

Lo que sí ha sucedido en los últimos meses, es el reforzamiento continuo de las medidas de seguridad en torno al Presidente. Un punto de inflexión se dio durante su visita a Ciudad Juárez en mayo pasado, cuando Calderón fue resguardado por un convoy militar como nunca se había visto antes: la caravana de vehículos blindados donde iba al Presidente estaba protegida desde el aire por un helicóptero artillado que siempre se mantuvo sobre su camioneta, francotiradores apostados a lo largo de toda la ruta, y un trabajo previo de inteligencia y reforzamiento de todos los puntos críticos en esa ciudad. No obstante, todo ese trabajo fue incapaz de impedir que en acto desafiante de los narcotraficantes, colocaran mantas en las calles de Juárez para exigirle que con las familias no se metiera, o actuarían en consecuencia.

La seguridad presidencial sí ha ido en aumento. Los cordones de vigilancia han ido ampliando su perímetro cuando Calderón se desplaza a eventos públicos, donde el Estado Mayor Presidencial, que está a cargo de su protección y cuidado, ha elevado sustantivamente la vigilancia. En eventos-comidas, por ejemplo, están haciendo lo que nunca antes tampoco se había hecho: sentar en cada mesa a un militar para vigilar a los comensales, sin importar quiénes sean. Aún en aquellos eventos dentro de instalaciones gubernamentales, la vigilancia se ha redoblado. Cuando el Presidente, como suele hacerlo, saluda de mano a quienes se encuentran en la primera fila —los invitados especiales al acto—, dos militares van recorriendo la misma fila, a espaldas de quienes le extienden la mano, observando cualquier movimiento extraño que pudiera darse. Parece una exageración, pero no lo es tanto. Sólo durante el primer trimestre de 2007, con cuatro meses de guerra contra el narcotráfico, Calderón ya había recibido nueve amenazas de muerte. No ha trascendido cuántas más han recibido él o los miembros de su gabinete, pero de acuerdo con funcionarios federales, la frecuencia tiene una correlación directa con la magnitud de los golpes a los cárteles.

Por más dramático que parezca, es absolutamente lógico que se den este tipo de amenazas. Buscan causar miedo, inhibir la acción, obligar a repliegues. Pero hace tiempo, lo deberían saber los narcos, Calderón se encuentra en un punto sin retorno. Paradójicamente, también los cárteles de la droga. En este sentido, la vida del Presidente es un externalidad de la guerra contra las drogas. Cuánto cuesta su vida en el mercado del crimen, es algo desconocido. La vida del coordinador de la Policía Federal Édgar Millán, tuvo un precio de 90 mil pesos, pero quien lo ejecutó dijo que de haber sabido de quién se trataba, jamás lo hubiera hecho. La vida de un procurador en Colombia tuvo un precio de 700 mil pesos. Por más seguridad que haya, siempre existirá la posibilidad de un atentado. Cuando forzaban al presidente Adolfo Ruiz Cortines a aceptar las escoltas, solía decir: “El día que alguien quiera cambiar su vida por la mía, nadie podrá evitarlo”.

Si uno analiza las pérdidas del narcotráfico en esta guerra —72 mil detenidos, 44 mil armas decomisadas y droga con un valor de mercado de unos 90 mil millones de pesos—, se puede entender que lo que sea, será más barato que mantenerse en la dinámica actual. Elevar el costo con intento de asesinato al Presidente, es subir exponencialmente el grado de violencia y desafío al Estado mexicano. Si un magnicidio es lo que buscan los cárteles, en caso de tener éxito, seguramente alterarían completamente al Gobierno, metería al cuerpo político en crisis por la falta de instrumentos constitucionales probados en ese caso extremo, y detendría, en efecto, la guerra contra los cárteles. Pero sería efímero. Bajo cualquier circunstancia y eventualidad, la guerra contra los narcotraficantes ya no se va a detener, hagan lo que hagan, lo que no significa, por supuesto, que no se cuide al extremo al Presidente.

RAYMUNDO RIVA PALACIO / Periodista.
Correo electrónico: rrivapalacio@ejecentral.com.mx