AI presenta informe sobre desapariciones en México

CIUDAD DE MÉXICO (04/JUN/2013).- La organización defensora de derechos humanos, Amnistía Internacional (AI), presentó hoy su informe especial sobre desapariciones forzadas en México, donde reconoció avances y destacó la necesidad de destinar recursos humanos y económicos suficientes para atender este problema.

El investigador de AI para México, Rupert Knox, consideró que los pasos que ha dado el Gobierno Federal para atender los casos de desapariciones en el país, son buenos aunque insuficientes para atender este problema.

Reconoció la creación de la Unidad de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR), pero añadió que "esta acción no garantiza una actuación real del Estado mexicano".

Por ello, opinó que para que la citada unidad funcione en forma adecuada debe gozar de facultades, recursos y experiencia para realizar las investigaciones.

Al respecto, lamentó que sólo se hayan asignado 12 agentes del Ministerio Público para atender los casos que existen ya que podrían saturarse, "tendrían que llevar muchos casos, lo que hará que vuelvan los mismos problemas de siempre".

"Es todavía temprano pero es esencial que estos elementos se integren de forma urgente para mostrar que no sólo será una actuación de intentar reducir la presión actual", añadió el especialista, quien dijo que ahora el reto es convertir a esa unidad en algo sustancial.

Además, consideró fundamental que tanto el Gobierno Federal como los estatales incorporen a los familiares de las personas desaparecidas en el proceso de implementación de las políticas e iniciativas para solucionar esta problemática.

"Pero también en el proceso de evaluar su impacto, porque si no están presentes -las familias- en ese proceso no van a tener la credibilidad necesaria para lograr los fines que tienen que lograr", señaló Rupert Knox.

En este marco, dijo que el informe presentado es sólo un "resumen" de los casos documentados en algunos estados de la República, en el que se incluyen los relacionados con la delincuencia, "pero también un número importante de casos donde están involucrados actores estatales".

Al respecto, refirió que Amnistía Internacional ha documentado en los últimos seis años 152 casos de personas que fueron privadas de su libertad por bandas delictivas o en los que supuestamente están involucrados funcionarios públicos.