ABC y BP

Dos tragedias enfrentan a las administraciones a crisis internas. Una desgasta las instituciones y deja impunes hechos políticos de gravedad; otra está en camino de marcar el rumbo de la administración Obama.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de exonerar de responsabilidad a altos funcionarios por el caso ABC es un despropósito negativo.  

La decisión de Barack Obama de impulsar una reforma energética a partir de la tragedia de BP en el Golfo de México, es un intento de dar un sentido contractivo a un hecho catastrófico.

La resolución en México convierte en inoperante la facultad constitucional para indagar y dictaminar respecto a violaciones constitucionales.  Al exonerar  de responsabilidad a los altos funcionarios que evidentemente intervinieron se consuma una patente de corso para quienes desempeñan estos puestos, y una espada de Damocles sobre los mandos medios.  

Triste papel el de señalar a empleados menores, luego de que se ha señalado el desorden generalizado en el manejo de las guarderías. Los debates en la Corte ponen de manifiesto lo frágil del sistema de justicia ante la influencia del Poder Ejecutivo. Es una pena que en todas las ocasiones en que la Corte ha asumido esta función constitucional, en todas ha obrado con tibieza eludiendo establecer responsabilidades a los funcionarios involucrados.

Ni en el caso Atenco, ni en las denuncias de abusos a menores, ni en este lamentable incendio.Seguramente habrá muchos procedimientos judiciales encaminados a buscar que se haga justicia, pero el más claro se ha sacrificado para abrir espacio a soluciones de hecho.

Ahora las propias autoridades de la Secretaría de Gobernación y de la PGR,  buscan encausar el tema por caminos mucho más seguros y discretos.  Es deseable que el asunto llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el asunto sirva de precedente.  Mientras esto sucede los padres de los menores seguirán en su lucha.

Contrasta el caso con la responsabilidad política que por ejemplo han asumido los altos funcionarios en Estados Unidos en el caso del derrame petrolero, en donde por lo menos seis altos funcionarios han dejado sus puestos y el propio Presidente Obama ha asumido expresamente la responsabilidad por lo sucedido.

Aunque son dos casos muy distintos, tienen como denominador común que las autoridades son responsables por el orden y supervisión de las operaciones privadas.  Allá los funcionarios responsables del área de seguridad interna estratégica, de minerales y supervisión se fueron de inmediato. Se constituyó un fondo por presión del Presidente para pagar daños y el mandatario asume el costo político de frente. En cuestión de días.

Aquí a más de un año de la tragedia, los funcionarios siguen tan campantes, no hay un fondo claro para indemnizar a las víctimas  y la responsabilidad política de convierte en impunidad para dar castigo administrativo a funcionarios menores.

Las dos tragedias cobraron vidas inocentes, el desafío es hacer imperar la justicia y darle un sentido positivo mediante cambios. Pero estos cambios no se pueden dar si no se asumen las responsabilidades. Lástima que en el caso de México se ha dejado ir una oportunidad valiosa por la ceguera.