¿A dónde se fue el Congreso?

GUADALAJARA, JALISCO.- El periódico El Debate, de Culiacán, tiene desde ayer elementos infaustos en común con los también diarios Quequi, de Cancún; Por Esto, de Yucatán; El Mañana, de Nuevo Laredo, y Cambio Sonora, de Hermosillo; los cinco, en cosa de dos años y medio, han sido atacados con metralla y bombas de fragmentación, y bajo el mismo sello de cobardía e impunidad que caracteriza al crimen organizado: desde la oscuridad. Y, esta vez, ha ocurrido justamente a cuatro días de que, en Chihuahua, fue muerto a tiros el periodista Armando Rodríguez, reportero del periódico El Diario, de Ciudad Juárez.
Estos dos hechos violentos recientes, muy desafortunados para la vida de la República, han confirmado que México se convirtió ya en el país más inseguro de América toda para ejercer el oficio de periodista.

Y en ello coincide gente del oficio de dentro y fuera del país. Lo ha dicho Enrique Santos Calderón, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); lo ha señalado también Armando Prida Huerta, presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión, y lo ha expresado con gran energía, por supuesto, la Asociación de Editores de la República Mexicana.

Incluso, esta organización de periódicos desde su Segundo Encuentro, celebrado a fines de junio pasado, rechazó el clima de violencia que afecta al país, con grave perjuicio contra la libertad de expresión, de prensa y del derecho a la información.

En aquella reunión, los Editores de la República Mexicana manifestaron su gran preocupación por la impunidad con que han sucedido los delitos contra periodistas, y exhortaron al Congreso mexicano “a crear instrumentos legales necesarios para que el Estado pueda combatir con eficacia la violencia y los delitos en contra de la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información, permitiéndole además reducir el clima de impunidad”.

Aquella vez, los Editores de la República Mexicana exigieron al Congreso mexicano a que hiciera caso al pie de la letra de las recomendaciones que en ese encuentro hicieron al Poder Legislativo, verbigracia: tipificar como delitos federales a todo ataque a la libertad de expresión, establecer el principio de no prescripción de esos delitos y que el presidente de la República se comprometiera a enviar al Congreso de la Unión una reforma constitucional que contemple la federalización de los delitos contra periódicos y periodistas.

Ante estos dos hechos muy graves (atacar a un periodista, a un periódico, es atacar el derecho fundamental de la sociedad mexicana de expresarse libremente y de ser informado), las dos cámaras del Congreso de la Unión están obligadas a responder con prontitud (este mismo martes 18, si no es mucha molestia para diputados y senadores) los reclamos y propuestas de que han sido objeto desde hace años por distintas organizaciones periodísticas.

En estos últimos meses, la Cámara de Diputados y el Senado de la República se han hecho literalmente los tiololos, al no querer legislar al respecto.

Ha quedado claro en los territorios del Congreso que hay legisladores a quienes les pesa mucho legislar, por ejemplo, en favor de la federalización de los delitos.

De dientes para afuera, juran que estarían dispuestos a cambios de la legislación en ese sentido; incluso, Felipe Calderón se pronunció al respecto en junio, pero su partido, Acción Nacional, hasta ahora ha dado la impresión de que obstaculiza en los hechos el trámite.

Uno de los pretextos que, bajo la mesa de negociaciones, han estado arguyendo para que la federalización de los delitos contra periodistas no cuaje todavía es el hecho de que el Ministerio Público federal no cuente con infraestructura técnica y humana para ello.
Una pregunta se paseará, incesante, este día en San Lázaro y Xicoténcatl: ¿Querrán los legisladores ahora sí legislar al respecto?