I

¿Está usted de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, se reelija y cumpla seis años más en el cargo?

La anterior es una pregunta hipotética a partir de la preocupación expresada en la nota que el banco suizo UBS distribuyó a sus inversores después de la consulta sobre la ubicación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Decía lo siguiente:

“Vemos con cautela a México. También detectamos cómo, potencialmente, un referéndum público puede usarse como una vía constitucional para impulsar cambios a futuro, incluida la posibilidad de extender los seis años del mandato presidencial”.

II

El primer día de la consulta sobre el nuevo aeropuerto, Andrés Manuel López Obrador anticipó: “Qué bueno que estamos inaugurando esta etapa de consultas. Y a mis adversarios les digo que se vayan acostumbrando porque cada vez que sea necesario, cuando se amerite, va la consulta, es más, vamos a reformar la Constitución para que no haya límites y los ciudadanos puedan solicitar, cuando haya un tema de interés público, que se haga una consulta”.

Días después, Mario Delgado, jefe de la megabancada de Morena en en la Cámara de Diputados, anunció que este mes de noviembre dictaminan la iniciativa propuesta por su partido para reformar la figura de la consulta popular en la Constitución.

A Andrés Manuel le alcanza para modificar la Constitución y, con el cabildeo adecuado, hasta le sobra cambio. Ni Vicente Fox ni Felipe Calderón ni Enrique Peña tuvieron este bono. Para enmendar la Carta Magna, López Obrador necesita dos terceras partes de la Cámara de Diputados, del Senado y la aprobación de la mitad más uno de los Congresos estatales.

El tsunami de votos que recibió Morena en la contienda pasada dejan a Andrés Manuel a centímetros de cualquier cambio a la Constitución: en el cabildeo político, a los morenistas les basta con identificar alguna división interna en el PAN, PRI o MC, hacer un poco de "shopping" legislativo y meterse a la bolsa los pocos votos que les faltan para impulsar los cambios que quieran.

III

Ahora, ¿qué quiere cambiar Andrés Manuel en relación con las consultas populares?

En 2012 se añadió al artículo 35 constitucional la figura de la consulta popular como un derecho del ciudadano y dos años después se creó la Ley Federal de Consulta Popular.

Sobre los temas que pueden ser sometidos al voto del pueblo, la Constitución mandata:

“No serán objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”.

Sin embargo, el ejercicio de este derecho se ha complicado porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó, hasta ahora, las solicitudes de consulta promovidas por partidos políticos con fines, naturalmente, políticos.

Los ministros son los encargados de avalar la constitucionalidad de las consultas y el órgano electoral de organizar los ejercicios. En 2014, por ejemplo, Morena quiso someter a consulta la reforma energética, pero la Corte le puso un alto.

También en 2014, el PRI quiso someter a votación popular la eliminación de diputados plurinominales, pero otra vez, los ministros lo rechazaron porque la Constitución –documento que los tricolores “olvidaron” revisar– establece que temas electorales no se pueden someter a consulta.

¿Los priistas como mártires de la democracia? Quisimos eliminar a los plurinominales, dijeron, pero la Corte no nos dejó.

La ley, hasta ahora, ha evitado que las consultas populares sean instrumentos políticos.

IV

Hoy la Constitución fija candados: una consulta popular puede convocarla el Presidente de la República, el Congreso o los ciudadanos siempre que estos últimos reúnan las firmas del 2% de la lista nominal, es decir, 1.7 millones de rúbricas. Su procedencia debe aprobarla la mayoría de ambas cámaras.

Revelador: si la consulta sobre el aeropuerto se hubiera apegado a la ley, ni todos los votos que obtuvo, poco más de un millón, alcanzarían para cumplir el mínimo de firmas que hace procedente una consulta popular solicitada por ciudadanos.

Y aún más: la ley fija que la consulta sólo es válida si vota mínimo el 40% de los ciudadanos. Es decir, para que el referendo del aeropuerto fuera válido, si se hubiera aplicado la ley, debieron votar no un millón sino 34 millones de mexicanos

Asimismo la Ley Federal de Consulta Popular ordena al órgano electoral realizar una campaña de difusión imparcial previo al ejercicio. López Obrador y su equipo defendieron ante las cámaras, sin tapujos, la opción del aeropuerto en Santa Lucía.

V

Pero todos estos requisitos no le gustan a Andrés Manuel. Es muy complicado. Por eso, esta es la propuesta de Morena: Que las consultas populares se realicen todos los años, el primer domingo de julio, y no sólo cada elección federal como marca hoy la ley.

En la propuesta de Morena, hasta ahora, se respeta el candado del 40% de votos de la lista nominal para que sea válida.

Sin embargo, cuando se discuta esta iniciativa, no debemos perder de vista este número. Los morenistas, de último momento, pueden bajar el porcentaje para hacerlo más “accesible”. Recordemos: Andrés Manuel ganó la elección con 30 millones de votos.

También Morena propone cambiar una frase en la Constitución: sustituye que no sean materia de consulta los “ingresos y gastos del estado” por “las tasas impositivas (es decir impuestos) y los montos del financiamiento público”. Parece pequeña la diferencia, pero el margen de interpretación se abre demasiado y entonces sí, tendríamos una “feria” de consultas populares que en el peor de los escenarios, si se relajan los candados, servirían para legitimar decisiones caprichosas de grupos políticos o del Presidente en turno.

Como, por ejemplo, cancelar la construcción de una terminal aérea con el 32% de avance y una inversión de 13 mil millones de dólares.

Estas figuras de la llamada democracia semidirecta, en gobiernos sin contrapesos políticos ni una oposición fuerte, pueden ser instrumentos engañosos y hasta contraproducentes.

El artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por ejemplo, prevé la revocación de mandato del presidente. Veamos la crisis en ese país sudamericano. ¿Sirvió de algo?

JonathanLomelí