Zazueta Ontiveros era ''intocable'' en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande

GUADALAJARA, JALISCO (11/MAY/2010).- Miguel Ángel Zazueta Ontiveros, mejor conocido como “El Mike”, quien mantenía un sistema de autogobierno dentro del penal preventivo de Puente Grande, aún continúa recluído en ese centro carcelario, aunque se mantiene “en una celda común, alejado del dormitorio 22, donde tenía una gran cantidad de beneficios”, reveló la Procuraduría General de la República (PGR).

Fuentes de la fiscalía federal confirmaron que el también sobrino de Manuel Salcido Uzeta, alias “El Cochiloco”, era “propietario” de cinco dormitorios para visitas conyugales, los cuales usaba a placer, pues se decía que “era intocable y nadie (de las autoridades en el penal) le podía hacer nada”.

De acuerdo con la PGR, la denuncia que destapó la cloaca de irregularidades en el centro de reclusión se efectuó desde el interior del penal; en ella se daba cuenta a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que “El Mike” tenía control absoluto del tráfico de drogas, contaba con armas de alto poder en sus dormitorios, y comandaba una pandilla conocida como “Los del Carro”, que lo protegía.

Sus cuartos, precisaron los informantes, estaban amueblados y contaban con televisión, aunque ese punto en específico es un tanto difuso, dado que los únicos que entraron a esos sitios fueron los militares que lideraban el operativo, efectuado la noche del jueves pasado.

Zazueta Ontiveros fue “apartado” del dormitorio 22, luego de que los mandos castrenses solicitaran autorización y apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, para revisar las instalaciones luego del llamado anónimo que llegó a sus oídos. Cuando el permiso fue concedido, soldados y oficiales estatales entraron al lugar y lo encontraron en compañía de una mujer, identificada como María de Jesús Enríquez Regin, además de que aseguraron armas de fuego, cartuchos, kilo y medio de cocaína, puntas  metálicas, básculas, teléfonos celulares e, incluso, computadoras portátiles y grabadoras.

De esta manera, los militares lo enviaron custodiado a una celda común y la mujer fue trasladada al Centro Femenil de Readaptación Social. Al ser interrogada por el fiscal federal, la dama dijo ser “pareja sentimental” de “El Mike”; en contraste, la declaración de éste individuo no logró ser obtenida, ya que simplemente “se abstuvo” de realizarla.

Lo que sigue, según la instancia, es un estudio exhaustivo del caso por parte del Ministerio Público de la Federación, quien ya ejercitó acción penal en contra de los dos señalados. Ahora, el fiscal cuenta con 72 horas para reunir elementos de prueba suficientes para decretar su auto de formal prisión, y de esta manera abrir un nuevo proceso, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos como la posesión de drogas con fines de comercio, y de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, ambos agravados por poseerlos en un centro de reclusión.

Pese a ello, Miguel Ángel Zazueta no será removido de ese sitio, o al menos no por el momento. Lo anterior obedece a que “no es competencia del Ministerio Público Federal”; en todo caso, su eventual traslado a otro complejo carcelario —sea en Puente Grande u otro penal de la República— correrá a cargo del juez de la causa, en cuanto se le decrete su formal prisión y el fiscal pase de ser autoridad a “parte acusadora”.

En estos momentos el destino de Zazueta Ontiveros resulta incierto. Las autoridades del penal podrían ordenar que se quede o no; su decisión podría verse afectada por motivos de seguridad de los demás internos, o bien, del propio señalado.

Directores del penal continúan “desaparecidos”; la PGR los citó

Como “desaparecidos” se considera tanto al director del Reclusorio Preventivo, Héctor Medina Covarrubias, como al titular de Seguridad en el mismo centro carcelario, Fernando Miguel Reyes Jiménez, quienes desde el día en que se orquestó la movilización que terminó con el “histórico” decomiso no han dado la cara.

Las fuentes consultadas de la Procuraduría General de la República mencionaron que aún no se les considera como evasores de la ley, porque pudieron haber tenido sus razones para no asistir, aunque, precisan, “sí debían estar ahí por ser los principales responsables” al momento del cateo.

En su momento, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, declaró que la ausencia de estos funcionarios “habla de que puede haber alguna complicidad”, aunque esto, por el momento, no está confirmado por la PGR.