Zapopan disuelve comisión de atención a damnificados de Nextipac

ZAPOPAN, JALISCO.- El Ayuntamiento de Zapopan disolvió en su sesión del 15 de diciembre la Comisión Transitoria para el Análisis de Casos Especiales de los Afectados por las Grietas de Nextipac, la cual laboró durante esta administración municipal para atender a los damnificados que generó ese fenómeno geológico.

El órgano fue creado el 6 de diciembre de 2007 y contó con una composición plural desde el inicio, pues en él trabajaron los regidores Héctor Robles Peiro, del PRI, Germán Pellegrini Pérez, del PAN y Manuel Villagómez Rodríguez, del PRD/PT.

Parte fundamental en la tarea de la Comisión Transitoria fue lograr el convencimiento de las familias que residían –y residen algunas todavía– en la zona de riesgo, para que aceptaran uno de los 170 pies de casa que se edificaron en el fraccionamiento Jardines de San Gonzalo, por la inseguridad que originan las condiciones del subsuelo en los alrededores de Nextipac.  

El regidor Robles Peiro comentó: “La Comisión nació con la consigna de avanzar en la resolución de los casos de los afectados de la zona que no querían reubicarse y que no quisieron aceptar un pie de casa; en ese entonces tratamos más de 30 ó 40 personas en específico que no habían quedado dadas de alta en el padrón de beneficiarios, pero que eran merecedores de estar ahí; temas delicados de personas que pedían indemnización, o que tenían un patrimonio muy por arriba de lo que el municipio estaba en posibilidades de ofrecerles. Hicimos un trabajo muy exhaustivo de casi dos años, al grado de que la gran mayoría de las inquietudes fueron resueltas”.

El desempeño de la Comisión Transitoria destacó, pues significó un espacio de cooperación y civilidad política en un Ayuntamiento, donde prevalecieron las fracturas entre los grupos edilicios, así como al interior de los mismos. 

Se le preguntó al regidor si lo dejaba satisfecho la disolución del órgano o si dejaba pendientes de relevancia en el tema: “En parte sí (hay satisfacción), porque logramos disminuir mucho toda la tensión social que había a raíz de la evacuación que se hizo,  dimos solución a muchas inquietudes de muchas personas, ésa es la parte positiva; la parte que veo negativa y quedó pendiente es el tema de la reubicación de estas  familias, alrededor de 30 que, si bien rebasaba los alcances de la comisión, porque era consultiva y de coordinación, pero no ejecutiva, es un hecho que hay ahí un tema muy delicado, las familias que viven en esta zona de riesgo están en un inminente peligro”.

La evacuación a la que hace referencia el edil se dio el 10 de julio de 2007 en Prados de Santa Lucía, dentro de la misma área de agrietamientos, en un operativo donde participaron las direcciones de Seguridad Pública y Protección Civil, así como la Sindicatura, el cual comenzó a mediodía y continuó hasta altas horas de la madrugada.

Aquel día se evacuó a alrededor de 22 familias, algunas por la vía del convencimiento, otras recurriendo a la fuerza pública, pues la autoridades en Protección Civil a nivel estatal y municipal habían confirmado la existencia de corrientes subterráneas que socavaban el subsuelo, lo que podía causar en cualquier momento hundimientos en la zona de viviendas.  

Aunque el padrón de beneficiarios –o el padrón de familias damnificadas en la zona de Nextipac– para los pies de casa del fraccionamiento Jardines de San Gonzalo tuvo algunos cambios, se puede hablar de un grupo de 146 familias en esa condición.

La Comisión Transitoria se disolverá sabiendo que 116 de estas familias sí aceptaron su reubicación a Jardines de San Gonzalo, pero que el resto continúa residiendo sobre un suelo cuya inestabilidad aumenta durante los temporales, como se demostró en el año 2006.  

“Lo que siempre dijimos en la comisión, y además sigue en el aire, es que si hay un momento donde se perciba un riesgo inminente en el que los estudios o el monitoreo que está haciendo Protección Civil signifique que tenemos que buscar una acción fuerte de reubicación o intervención, el Ayuntamiento no está cerrado a eso, por lo menos no esta administración, porque pese a que hay una voluntad de parte de ellos (las familias renuentes) de no moverse, sí hay una responsabilidad por parte de la autoridad de salvaguardar sus vidas”.

Ante la reticencia de las familias que no han aceptado su reubicación al fraccionamiento, las viviendas que no han sido ocupadas en el mismo se presentan como una alternativa de apoyo social para que la autoridad municipal las entregue a otros damnificados por fenómenos naturales. Así se hizo ya con casi 10 familias del Rancho Los Laureles, que quedaron sin hogar luego del desgajamiento de un cerro el 30 de junio de 2007 y que ahora viven en dicho lugar.

Lo que viene

La permanencia de familias en la zona de riesgo “seguirá como un foco rojo para la siguiente administración”, expresó Robles Peiro, quien funge en estos momentos como un enlace político entre los gobernantes actuales y los próximos,  que encabezará Héctor Vielma Ordóñez.

La atención de esta problemática debe complementarse, considera, con una mayor vigilancia de la zona de riesgo para impedir que el número de residentes aumente, pues sospecha que así ha estado ocurriendo.

“Hay un grupo importante de familias que tengo noción que han seguido llegando para construir de manera irregular, y en tanto no seamos más estrictos con eso, vamos a seguir teniendo problemas y será una cosa de nunca acabar”.

Reconoce oportuna la disolución de la Comisión Transitoria, pues le confiere a los próximos gobernantes la libertad de desarrollar una estrategia propia de atención al caso.

“El tipo de acciones que se tienen que hacer a lo mejor son polémicas, a lo mejor requieren un poco de mayor firmeza; es una herencia para la siguiente administración y es uno de los focos rojos que Héctor Vielma tendrá que estar cuidando, porque para mí es una de las prioridades a vigilar en los tres años siguientes”.

Numeralia

34 millones 220 mil pesos del Gobierno federal se invirtieron en Jardines de San Gonzalo.
30 millones de pesos es el costo del predio donado por el Ayuntamiento.
146 familias integran el padrón de damnificados por las grietas de Nextipac.
30 familias o poco más persisten en la zona de riesgo.