Sábado, 23 de Noviembre 2024
Jalisco | Señalan que la Procuraduría está facultada para solicitar la suspensión de la obra

Vecinos recurren a Prodeur por construcción de motel

Regidor señala que la Procuraduría está facultada para solicitar a la autoridad municipal que ordene la suspensión de las obras

Por: EL INFORMADOR

Los vecinos en Prodeur junto a la regidora Maribel Alfeirán, el regidor Mario Salazar y el diputado Víctor Sánchez.  /

Los vecinos en Prodeur junto a la regidora Maribel Alfeirán, el regidor Mario Salazar y el diputado Víctor Sánchez. /

GUADALAJARA, JALISCO (15/ABR/2013).- Habitantes de la colonia San Miguel de Mezquitán del municipio de Guadalajara recurrieron a la Procuraduría de Desarrollo Urbano de Jalisco (Prodeur), para denunciar la construcción de un motel que no quieren como vecino, y que según la fracción del PAN, contraviene reglamentos y el plan parcial de desarrollo urbano del sitio.
 
El regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, Mario Salazar Madera, refiere que la Prodeur está facultada para solicitarle a la autoridad municipal que ordene la suspensión de las obras, y que promueva un juicio de nulidad contra las autorizaciones que emitió para dicho proyecto.
 
Sin embargo, desde la perspectiva del presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández García, en realidad puede hacerse poco contra el proyecto, debido a que ya cuenta con las licencias que requería del Gobierno municipal para concretarse.
 
"Esa demanda la debieron haber puesto desde 2008 que fue cuando se inició el procedimiento", dice Hernández García, quien añadió: "siempre es bueno dar gritos a tiempo, no después, como dicen, hay veces que 'palo dado ni Dios lo quita', entonces, cuando hay consecuencias se pueden decir muchas cosas, pero no es mucho lo que se puede hacer".
 
El regidor afirma que el uso de suelo previsto en el plan parcial de desarrollo urbano para el predio (en Miguel Galindo, entre Chihuahua y Coahuila), permite la instalación de un hotel turístico, pero no de un motel. El presidente municipal ordenó el estudio del expediente a las áreas jurídicas de la Sindicatura para esclarecer las alternativas que tiene el Ayuntamiento, y esto es lo que concluye:
 
"Es un asunto que viene desde 2008 y que por desgracia para los vecinos y para la propia autoridad, poco podemos hacer. Estamos revisando el expediente para ver hasta dónde nos alcanza la facultad como autoridad, pero hasta donde vemos se cuenta con los requisitos legales que se requieren".
 
Y aunó: "Si no tenemos elementos legales difícilmente podremos impedirlo, estamos revisándolo. Pudiera haber algún resquicio de carácter jurídico a través del Tribunal (de lo Administrativo del Estado), pero habría que ver qué tanto margen de maniobra se tiene".
 
EL INFORMADOR / LUIS HERRERA

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