Uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes: académicos del ITESO

GUADALAJARA, JALISCO (04/DIC/2012).- La tarde del 1 de diciembre ocurrió un "uso desproporcionado de la fuerza (policial) contra ciudadanos y ciudadanas que ejercían pacíficamente el derecho a expresarse y protestar" afuera de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, advierte la comunidad académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

En un pronunciamiento dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y a la Policía de Guadalajara, los firmantes señalan: "Repudiamos la criminalización de la protesta social en los hechos del pasado 1 de diciembre de 2012 a las afueras de la Expo Guadalajara".

Además, exigen a las autoridades municipales y estatales una investigación "respecto de los hechos violatorios de derechos humanos de los y las manifestantes, y el deslinde de las responsabilidades a que haya lugar".

Aquella tarde, piedras, naranjas y botellas de vidrio volaron por el aire, provenientes de un pequeño grupo que participaba en la marcha; su dirección fue la Policía de Guadalajara, que se encontraba detrás de la valla colocada sobre Mariano Otero, para impedir el paso de los manifestantes a la Feria. Los objetos que caían al suelo eran levantados por la autoridad y lanzados de nuevo a los manifestantes. El cerco fue roto y los golpes comenzaron.

El saldo, unos 45 manifestantes lesionados y 27 detenciones, de las cuales 25 fueron puestas a disposición del Ministerio Público, además de cuatro policías con heridas simples tras las agresiones, y seis patrullas con daños.

Pero antes de llegar a Mariano Otero, casi Las Rosas, los participantes en la movilización habían acudido a las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y a la empresa televisora Televisa, hacia las que algunas personas arrojaron piedras.

"Derivado de las evidencias videográficas y de testimonios de propios alumnos" del ITESO, los académicos enlistan tres hechos:

- Inacción por parte de las autoridades para detener en flagrancia a quienes cometieron delitos contra las instalaciones del PRI y de la empresa Televisa.

- El uso desproporcionado de la fuerza contra ciudadanos y ciudadanas que ejercían pacíficamente el derecho a expresarse y protestar.

- La falta de garantía a la seguridad de los manifestantes.

El texto enviado a medios de comunicación, y signado por una cuarentena de académicos, consigna: "El legítimo derecho a la expresión y a la protesta, consagrados en nuestra carta magna, deben no sólo ser respetados, sino garantizados por el Estado acorde con los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que formamos parte".