Urge participación ciudadana en Atención a Víctimas de Transporte

GUADALAJARA, JALISCO (28/DIC/2011).- Al emitir la recomendación 58/2011, dirigida al procurador del Estado, Tomás Coronado Olmos, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián señaló la urgencia de que exista participación ciudadana en el Consejo de Atención a Víctimas del Transporte Público de la Secretaría de Salud.

Lo anterior, luego de que la presidenta de Víctimas de Violencia Vial A.C, Alma Chávez Guth pidiera la oportunidad de participar en dicho consejo para que los ciudadanos tuvieran una representación real, pues actualmente el Consejo sólo está representado por autoridades del Gobierno del Estado y de las empresas transportistas, y ésta le fue negada.

“La propuesta que hace la presidenta de esta organización es muy pertinente, que debe tomarse en cuenta y ojalá que escuchen para que se pueda dar una participación ciudadana, es un tema urgente”, indicó.

El ombudsman además insistió en la importancia de que el gobernador del Estado, Emilio González Márquez y su representante en el Consejo de Atención a Víctimas del Transporte Público, de forma inmediata gestionen un cambio para imponer la obligación de que todas las autoridades que conforman el consejo tengan una mayor y más eficiente coordinación al momento de suscitarse un accidente.

Y es que en ésta última recomendación se puso en evidencia una serie de omisiones por parte del agente del Ministerio Público, y una pésima coordinación, pues el caso de una mujer que fue atropellada por una unidad de transporte público de la ruta 615 el 22 de octubre del 2010, ni siquiera fue canalizado al Consejo de Atención a Víctimas.

El accidente, abundó Álvarez Cibrián dejó parapléjica a la mujer y gravemente herida. Destacó también, el hecho de que el probable responsable del accidente rindió su declaración tres meses después, por lo que el fiscal encargado de la agencia del Ministerio Público, Raúl Quintero Gil ejerció de manera indebida la función pública.

“Lo que queda en evidencia es que no hay una coordinación institucional, ni un seguimiento para poder garantizar los derechos de todas estas víctimas del transporte público, sobre todo las atenciones médicas-hospitalarias y gastos funerales en el caso de accidentes fatales”, lamentó.

Por acuerdo del Ejecutivo estatal, el 6 de enero del 2005 se creó el organismo público descentralizado de la Secretaría de Salud Jalisco, denominado Consejo para la Atención a Víctimas del Transporte Público. Al entrar en funcionamiento ha dejado en evidencia varias lagunas jurídicas, pues carece de normas suficientes que dispongan las facultades y obligaciones precisas para ejercer sus atribuciones.

EL INFORMADOR/ LILIANA NAVARRO