Urge avanzar en reforma judicial: Zepeda Lecuona

GUADALAJARA, JALISCO (04/ABR/2011).- Para resolver de fondo la “ineficiencia y saturación” que presenta el Ministerio Público (MP), antes de pensar en un incremento sustancial en el porcentaje de consignación de averiguaciones previas, resulta de mayor relevancia avanzar en la implementación de la reforma al sistema de justicia penal aprobada en 2008. Así lo expone Guillermo Zepeda Lecuona, especialista en procuración de justicia del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), quien apunta la importancia de transitar hacia esa “política criminal segmentada, es decir, que a cada delito, según su gravedad y nivel de violencia, se dé una respuesta proporcional por parte del Estado”.

A través de la oralidad y las medidas de justicia alternativa que prioriza la reforma, podrá evitarse que los casos de delitos menores (no violentos y perpetrados por personas sin antecedentes penales) no lleguen hasta un proceso penal sino que se resuelvan de manera expedita con multas y acuerdos restaurativos, esto termina por aumentar la eficiencia del MP, pues le permite concentrarse en delitos de mayor gravedad.

En el país, 60% de los delitos que se cometen son menores, esto significa que una gran parte de la carga de trabajo que satura al MP podría desahogarse en justicia alternativa para lo cual será de ayuda el instituto en esa materia recién creado en el Congreso estatal.

“En Jalisco se ‘sobrecriminaliza’ el robo, muchos detenidos por robos no violentos son llevados a proceso penal que tiene costos muy altos (para el Estado): ocho mil pesos de averiguación previa, 12 mil pesos de proceso penal, y a veces es una persona que se robó unas galletas en un súper”.

Mientras en Jalisco 58% de las sentencias son de menos de tres años (delitos menores), en los estados reformados la situación es inversa, ya que entre 60% y 65% de sus sentencias son por más de tres años, esto quiere decir que su sistema evita que los casos menores lleguen al proceso penal para concentrarse en los más graves.

“Más consignaciones sin un mejor sistema penal no se traduciría en más seguridad y sí, muy probablemente, en que el número de reclusos siga creciendo en Jalisco, donde diariamente se gastan 2.35 millones de pesos en manutención de reclusos, la gran mayoría sin sentencia y de muy baja peligrosidad y de alta vulnerabilidad frente a las terribles condiciones de reclusión (en los últimos 10 años se cuadruplicó la población penitenciaria: de alrededor de cuatro mil 200 a 16 mil 800 reclusos—)”. Sin embargo, “no nos sentimos cuatro veces más seguros (…) sobre todo si atendemos que el grueso del sistema penal es robo, y delitos relacionados con acciones de tránsito”.