Urge agilizar la depuración policial: Consejo Ciudadano

GUADALAJARA, JALISCO (22/MAR/2012).- El Congreso del Estado cumplirá este viernes 23 de marzo tres años sin haber aprobado el paquete de iniciativas en materia de seguridad que presentó el Poder Ejecutivo en 2009. Son más de mil días transcurridos que no han bastado para crear legislaciones que se consideran de vital importancia para las condiciones que hoy enfrenta Jalisco, como la Ley de Control de Confianza, para la depuración policial, o la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para la coordinación de las instituciones de los tres niveles de Gobierno en el combate al delito.

Durante los ataques y bloqueos viales atribuidos al crimen organizado en la ciudad el pasado 9 de marzo, resultaron indicios del involucramiento de un oficial activo de la Policía de Zapopan y un ex policía de Tlaquepaque con los delincuentes; no influye ello, sin embargo, para que la Ley de Control de Confianza, que establece la obligatoriedad para todos los elementos para pasar por estos exámenes, continúe sin lograr el aval definitivo de los legisladores del Estado.

Aquel día, la detención de los supuestos cabecillas del Cártel de Jalisco Nueva Generación llevó a una ofensiva de la organización delictiva en al menos 16 puntos distintos de la entidad y en municipios varios; la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, aún sin vigencia, concibe un consejo de coordinación para la actuación de las fuerzas federales, estatales y municipales para la atención de emergencias y amenazas excepcionales, incluso con la participación del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), pero tampoco ha sido aprobada.

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco, a nombre de su presidente, José Bicieg Ocampo, hace un nuevo llamamiento a que el Poder Legislativo concluya el estudio de las iniciativas (15 originalmente), de las cuales sólo ha visto la luz la Ley de Extinción de Dominio.

Para la refundación de las policías y el Ministerio Público a través de su depuración, Bicieg Ocampo hace ver que igual de importante resulta la eficiencia que logre el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Jalisco en la aplicación de estas pruebas, como el marco jurídico a escala estatal que sostenga legalmente toda esta estrategia que dará lugar al cese de oficiales no aptos para desarrollar dichas funciones.

“El Centro de Evaluación está trabajando; nosotros tenemos conocimiento de que está haciendo el esfuerzo que requiere para poder cumplir con la necesidad de pasar por control de confianza a todos los elementos del Estado (…) ellos se están aplicando, pero también falta que la ley se apruebe”.

Meta dudosa

La Ley General del SNSP fija al 2 de enero de 2013 como la fecha límite para certificar a todos los elementos que hayan obtenido resultados satisfactorios en las pruebas de control de confianza. El Consejo Ciudadano de Seguridad estatal, empero, no puede asegurar que las autoridades locales vayan a cumplir con esta obligación legal, de la que apenas hay un avance de 2.7% sobre el universo total de oficiales en Jalisco.

“Yo no sé si alcancen a cumplir o no”, responde Bicieg Ocampo. “Lo que sí sé es que están haciendo el esfuerzo (en el Centro Estatal de Evaluación) para tener los mecanismos suficientes para poder lograr las metas que están establecidas, de eso sí lo tenemos en información. De lo demás, de decir que si van a cumplir, pues no sé si vayan a hacerlo, porque no nada más es el Estado de Jalisco: es todo el país; ni siquiera el Gobierno federal ha cumplido con la expectativa de los controles de confianza”.

“Es un problema y, repito, son muchas cosas. Una es el aspecto de operación para crear los organismos, las instituciones (de control de confianza) para que esto se realice, y otras son los aspectos de ley; todo va junto. Al rato podría llegar el Gobierno del Estado a decir: ‘Yo ya tengo los elementos suficientes para cumplir con la metas, pero ni siquiera hay una legislación’. Todo va junto en esto”.

“Un verdadero problema”

La incertidumbre sobre el cumplimiento de la depuración está presente también entre integrantes del Gabinete del Gobierno estatal, como Ricardo Serrano Leyzaola, secretario de Administración, quien trabaja en el fortalecimiento del Centro Estatal de Evaluación para que, de sus 81 plazas actuales, pase a 160 sin que represente un incremento a la plantilla del Gobierno, es decir, transfiriéndole lugares laborales ya existentes.

“Están en un verdadero problema (los del Centro Estatal)”, dice el funcionario, poco afecto a ambages: “Necesitan hacerlo todo este año. Sé que lo que tienen que tener a finales de año, y espero que tengan suerte y se pongan a trabajar (el universo de oficiales es de 23 mil 612). El Gobierno federal dice que la gente que no esté certificada en 2013 no puede trabajar como policía; el problema que yo veo es que no creo que ningún Estado esté 100% certificado al 2013; debe haber algo en ese sentido”.

En el paquete de iniciativas del Poder Ejecutivo se encuentran también las concernientes a la implementación del nuevo sistema de justicia penal en Jalisco, el cual debe estar en pleno funcionamiento en 2016, según la reforma constitucional aprobada en 2008 por el Congreso de la Unión y que integra el principio de presunción de inocencia (en tres estados ya es una realidad).

El presidente del Consejo Ciudadano concluye los pendientes operativos y legislativos alrededor de la depuración policial: “Seguimos presionando para que esas condiciones se logren; incluso, en nuestro informe salió parte precisamente de esas faltas de control de confianza en algunas áreas, y lo hemos mencionado. Creo que las autoridades, con base en lo que está ocurriendo, se están aplicando; a veces quisiéramos que las cosas se dieran ya, pero esto es parte del problema que vivimos en nuestro país”.
 
PARA SABER
12 mil 700 millones para la reforma penal

El 12 de marzo, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció que se destinarán cerca de 30 mil millones de pesos en 2012 para los rubros de seguridad y justicia en las entidades federativas; 17 mil 300 millones de pesos se refieren a los cuatro fondos de seguridad aquí expuestos: FASP, SPA, Proasp y Subsemun.

Restan, por lo tanto, otros 12 mil 700 millones de pesos a los que podrán acceder los Gobiernos estatales para la construcción y mejoramiento de infraestructura necesaria para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal que debe ser funcional en 2016.

Todavía no se define cuánto llegará a Jalisco.

UNO X UNO

Los cuatro fondos

El monto histórico de recursos federales para seguridad pública y procuración de justicia que Jalisco recibirá este año proviene de cuatro fondos en concreto. En total, el Estado recibirá 837.3 millones de pesos, 30% más que en 2011.

Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP)

330 millones 369 mil 999 pesos para Jalisco

Serán ejercidos por el Gobierno del Estado y dirigidos a conceptos como capacitación y adquisición de armamento, herramientas tecnológicas para la radiocomunicación e información, vehículos y depuración policial. También serán usados en la modernización del sistema penitenciario y prevención del delito.

Este año se considera además la utilización del FASP para la creación del Centro de Operación Estratégica (COE) de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ), una instancia especializada en el combate al narcomenudeo, delito que pasará a ser de competencia del Ministerio Público estatal en concurrencia con el de índole federal.

También se creará la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), que se encargará de la investigación de movimientos financieros detrás de los cuales pudiera encontrarse el crimen organizado, que enmascaren operaciones de lavado de dinero o, en general, que traten de recursos de procedencia ilícita.

Subsidio para la Policía Acreditable (SPA)

91 millones 804 mil 875 pesos para Jalisco

Es un fondo creado en 2011 —sólo hubo 30 millones de pesos el año pasado para Jalisco— para la conformación de cuerpos de seguridad diseñados por el Gobierno federal para atender “objetivos criminales de alto impacto”. Estarán a cargo de los gobiernos estatales e integrados por 422 elementos con un estándar de formación muy alto.

En Jalisco las autoridades locales los llamaron “policía de élite”; la Secretaría de Seguridad Pública estatal, no obstante, ha pedido que no se le denomine así, pero el nombre se colocó en el ámbito de la opinión pública.

Nacerá con elementos ya aprobados en pruebas de control de confianza: tendrán salarios que irán de los nueve mil a los 20 mil pesos, en tres unidades: Operaciones (con nivel mínimo de secundaria), Investigaciones (bachillerato) y Análisis Táctico (para licenciados): la investigación científica será base en su actuar.

Si el Gobierno federal busca que todas las corporaciones del país adopten el Nuevo Modelo Policial que creó (confiable, profesional, bien pagado y equipado), la Policía Acreditable será todo ello a lo que se aspira para el resto.

La convocatoria de reclutamiento para la conformación del grupo está abierta en estos momentos por la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Subsidio para Programas de Apoyo en Seguridad Pública (Proasp)

133 millones 450 mil 722 pesos para Jalisco

Fue creado recientemente; nunca antes se había entregado a esta entidad federativa ni a ninguna otra. Su finalidad primordial es incrementar las capacidades operativas del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.

Debido a que 2012 es el último año para concluir con la depuración de las instituciones de seguridad y procuración de Justicia con las pruebas de control de confianza, según la Ley General del SNSP, el Gobierno federal crea este subsidio para fortalecer a los centros estatales que se encargan de aplicar estos exámenes; responde, por tanto, al rezago en la materia.

En Jalisco se han aplicado estas pruebas apenas a 2.7% del universo total de elementos estatales y municipales.

Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun)

281 millones 675 mil 311 pesos para Jalisco

A diferencia de los otros tres fondos, el dinero de éste será ejercido directamente por los 11 municipios: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta, Tepatitlán y Zapotlán El Grande.

El Subsemun se dirige también a la capacitación y profesionalización policial, a su equipamiento y a la adquisición de vehículos y herramientas tecnológicas, tanto para la comunicación e información como para la videovigilancia, además de la depuración con el pago de las pruebas de control de confianza.

CIFRAS
Las inversiones ya definidas

Cifras en pesos

2’000,000 Prevención social delictiva con participación ciudadana

27’476,137 Fortalecimiento de Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza

31’620,366 Carrera ministerial y pericial e implementación del Sistema de Desarrollo Policial (Sidepol).

3’620,000 Estrategia en el Combate al Secuestro.

59’836,129 Centro de Operación Estratégica.

7’150,000 Huella balística y rastreo computarizado de armamento.

23’229,452 Nuevo sistema de justicia penal.

30’965,601 Modernización del sistema penitenciario.

6’000,000 Red de telecomunicaciones.

13’000,000 Servicio de emergencia 066 y denuncia anónima 089.

25’647,100 Sistemas de información (bases de datos).

6’244,510 Registro Público Vehicular.

900,000 Evaluación de programas.

Los cinco estados con más recursos
de los fondos federales de seguridad

                                  Millones de pesos

Estado de México             1,293.7

Distrito Federal                 1,094.5

Jalisco                             837.3

Veracruz                          600.7

Chihuahua                         229.5

Fuente: SNSP