Un retroceso, nueva Ley de Información: Cesjal

GUADALAJARA, JALISCO (29/MAR/2012).- La Ley de Información Pública para el Estado y sus Municipios, que entra en vigor en tres días, es un retroceso en la materia concluyeron integrantes del Consejo Económico y Social de Jalisco (Cesjal).

El secretario general del Consejo, Arturo Uribe Avín, consideró que la Ley que está por entrar en vigor contiene un "alto grado de dificultad para hacerla operativa", que trae como consecuencia que el proceso para la rendición de cuentas se vuelve burocrático que además pone en riesgo las inversiones en la entidad.

"Esta Ley puede ayudar o limitar al ciudadano a que se le facilite la información para quienes invierten y les ayudan a tomar decisiones. En lo económico, particularmente en el tema de competitividad afecta la rendición de cuentas", consideró.

Al presentar los resultados preliminares del Primer Foro de Transparencia que organizó el Cesjal, el presidente de la Comisión de Transparencia, Oscar Ábrego consideró que el retroceso en materia de Transparencia y Acceso a la Información en la entidad será notable a partir del 1 de abril, cuando la norma entra en vigor.

"Entramos en una nueva fase, Jalisco había sido vanguardia a nivel nacional en temas de Transparencia, a partir del 1 de abril nos convertiremos en una vergüenza a nivel nacional", dijo.

Por su parte, el especialista en temas de transparencia y asesor del Cesjal, Oscar Constantino Gutiérrez criticó el Reglamento que emitió el Instituto de Transparencia e Información  Pública (Itei), por un lado afirmó que una norma secundaria no debería contar con el doble de artículos para tratar de "enmendar" los vacíos detectados en la Ley; por otro lado, estimó que es lamentable  que el Itei se subordine a la determinación del Poder Ejecutivo para la publicación de dicho Reglamento.

"Es un organismo autónomo, su característica es ser autónomo, con la capacidad de hacer sus propias normas. Me pregunto hasta qué punto es necesario el aval del Poder Ejecutivo para un Reglamento que el Instituto debe elaborar por sí mismo", dijo el especialista, luego de que el secretario General de Gobierno reconoció que modificaránla propuesta del Itei al Reglamento de la norma.

Consideró que debido a los vacíos legales que existen tanto en la Ley como en el Reglamento cualquier ciudadano que vea afectadosn su derecho consagrado en el artículo 6 de la Constitución podría recurrir ante el Tribunal de lo Administrativo (TAE) para inconformarse por lo señalado en la Ley de Información y los efectos de su Reglamento.

Por otro lado, consideró que el Reglamento incurre en una serie de excesos, uno de ellos incluir términos y procedimientos no previstos en la Ley.

Entre los señalamientos que se hizo a la Ley, fue lo que se refiere al los alcances del polémico artículo 106 que entre otras cuestiones prevé sanciones administrativas e incluso penales para quienes den a conocer información considerada como reservada.

Oscar Ábrego estimó que, ante la declaración del secretario General de Gobierno, Víctor Manuel González Romero quien dijo que se analiza la posibilidad de derogar el artículo 106 de la Ley; Ábrego calificó la declaración como "una buena intención, pero no es suficiente", y recordó cómo se cocinó ésta reforma en el Congreso del Estado, cuando los diputados "ni siquiera respetaron los procesos legislativos".

"Recordemos la génesis de esta Ley. Se da en un contexto de aprobación económica, ningún diputado se tomó el tiempo para análizarla. Desde su nacimiento la Ley observa una profunda ilegitimidad, ni siquiera se agotó el rigor legislativo", dijo.

Los integrantes del Cesjal afirmaron que las críticas a la Ley "no son en contra del Instituto de Transparencia", si no en contra de una norma, que estiman afecta los intereses de los ciudadanos.

Uribe Avín señaló que en un mes aproximadamente presentarán un documento con observaciones de la Ley de Información al Congreso del Estado y los posibles vacíos que representa esta norma y el retroceso que implica su entrada en vigor.

La propuesta preliminar del Cesjal sería regresar al uso dela Ley de Transparencia y sobre esta base concretar las modificaciones y no derogarla.

Las observaciones preliminares del Cesjal

1.- Los alcances del artículo 106 de la Ley de Información.
Las normas de la Ley son confusas y en el Código Penal son amplias, se corre el riesgo que las autoridades comiencen procedimientos administrativos o penales en contra de empleados públicos, informantes de actos de corrupción, líderes sociales, ciudadanos, académicos o periodistas.
La propuesta es derogar el artículo.

2.- La Ley no incluye la garantía del acceso al procedimiento de toma de decisiones públicas
En la práctica se corre el riesgo que los sujetos obligados restrinjan o clasifiquen información que se refiere a los procesos de toma de decisiones.
La propuesta es regresar a la anterior Ley.

3.- El Itei pasará de ser una instancia que proponía sanciones a una que sancione, con la posibilidad que sus determinaciones se puedan recurrir ante el TAE.
La propuesta es regresar al esquema de la sanción de la anterior Ley.

4.- La Ley está por entrar en vigor y nunca se llevó a cabo un estudio de impacto regulatorio de la misma, se desconocen los alcances y los costos para aplicar esta polémica norma.
La propuesta es regresar a la anterior Ley, ya se conocían los esquemas y los costos para el acceso a la información

5.- El artículo 6 de la Constitución refiere que el acceso a la información debe ser expedito; en la Ley los plazos para la entrega de información son ambigüos.
Esta nueva norma burocratiza el acceso a la información

6.- Empresarios, analistas de inversiones y hombres de negocios encontrarán trabas y procesos burocráticos para conocer datos e información relevante para tomar decisiones en materia económico, ello afecta las inversiones en Jalisco.

7.- La Ley complica el ejercicio del derecho a la información al cambiar procedimientos, términos y conceptos. Existe una sobrerregulación en términos y burocratiza el acceso a la Información.
La Ley que está por quedar abrogada contaba con 11 mil palabras, la nueva Ley cuenta con 19 mil palabras; es decir tiene normas 80% más extensa que la actual Ley.

EL INFORMADOR / ZAYRA RAMÍREZ