Tortura y Transparencias, pendientes en Derechos Humanos

GUADALAJARA, JALISCO (05/MAR/2012).- La falta de atención a los casos de tortura y de transparencia, son asignaturas que se suman a la lista de omisiones y que han descalificado el actuar de la administración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, con Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, al frente de ésta.

Organizaciones no Gubernamentales (ONG), han realizado un contra informe dando cuenta de los errores que la CEDHJ ha tenido durante los últimos cinco años.

Para dar continuidad a la evaluación que se presentó la semana pasada, en ésta ocasión se analizaron los siguientes aspectos: tortura; ejercicio presupuestal; transparencia, y derechos humanos en materia penitenciaria.

Oscar González Garí, de la Red Jalisciense de Derechos Humanos A.C, lamentó que Álvarez Cibrián no tenga la actitud para exigir una reforma a la ley para que se puedan castigar los actos de tortura.

“La norma local ha demostrado durante casi 20 años ser obsoleta, inaplicable y aún desconocida, pues la CEDHJ jamás ha publicado para difundirla entre los servidores públicos del Estado y municipios, y mucho menos se ha preocupado por actualizarla o evaluar las causas de su inaplicabilidad”.

Apuntó que el actual ombudsman ha sido “protector” de las autoridades responsables de la Seguridad Pública, como el actual secretario, Luis Carlos Nájera; el procurador, Tomás Coronado Olmos, y el ex titular de las Policía en Ocotlán, Filiberto Ortiz Amador “El Pinto”; quienes afirmó utilizan la tortura como método de coacción.

“Resalta para nosotros de manera alarmante la serie de declaraciones emitidas junto con el procurador Tomás Coronado, manifestando que en 2009 y 2010, la inexistencia de la práctica de tortura al afirmar que “ni un sólo caso por tortura se ha comprobado”, y que por lo tanto ninguna persona ha sido sancionada”.

González Garí, reprochó que Felipe de Jesús Álvarez que haya omitido dentro de su informe este asunto, con lo cual también dijo, ocultó a las víctimas de estos actos.

En el tema de transparencia y rendición de cuentas, Jaime Hernández Ortiz, del Centro de Derechos Humanos coordinadora 28 de Mayo, reprobó la manera en que la comisión presume la resolución de las quejas con las recomendaciones y la reparación del daño, cuando a la par de estas se niega la información.

Explicó que ha solicitado vía transparencia, datos como el cumplimiento desglosado de las recomendaciones aceptadas;  los casos que han logrado desahogarse con una recomendación, pero mientras el ombudsman jaliscienses se jacta del cumplimiento al 100% de las recomendaciones, la respuesta al solicitante es de “no contamos con la información”.

“La CEDHJ mantiene en un profundo secreto de cuántas recomendaciones de verdad se cumplieron, y cuántas autoridades fueron sancionadas”.

Al mismo tiempo, aseveró que los casos en que se ha repuesto el daño a la víctima, ésta ha sido obligada a retractarse de las demandas.

También se criticó el alto costo que representa el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, Bernardo Jaen Jiménez.

Congreso Ciudadano señaló que durante los cinco años de la administración de Felipe Álvarez Cibrián, se han gastado más de 430 millones de pesos del presupuesto público, etapa en la cual, el ombudsman ha recibido un incremento de 40% en su sueldo, esto es, de ganar 85 mil 518 pesos mensuales, ahora percibe 128 mil 189 pesos al mes.

Al mismo tiempo, la nómina de la comisión ha incrementado por la incorporación de 76 personas.

A pesar de las buenas condiciones económicas que recibe el presidente de la CEDHJ el Congreso Ciudadano de Jalisco, destacó que las quejas van en aumento, pero con un seguimiento ineficaz.

“Los informes adolecen de una gran cantidad de inconsistencias, en la mayoría lo casos no mencionan el nombre de los violadores de los derechos humanos, ni de los quejosos; no hay seguimiento de las quejas, no se menciona si hubo alguna sanción al agraviado”.

Reprobó la lentitud con la cual se emiten las recomendaciones. Por ejemplo, durante 2011, se enviaron 27 recomendaciones de 2009; 22 del año 2010; cuatro de 2011; mientras que seis no se especificaron el inicio de la queja.

“La comisión, está tardando dos años en hacer sus investigaciones y emitir una recomendación”, enfatizó.

En los próximos días, las organizaciones presentarán sus conclusiones finales, al mismo tiempo que darán a conocer las acciones a seguir, entre las que resaltan la creación de una Comisión Estatal de Derechos Humanos alternativa, donde sí de un seguimiento de cada uno de los casos.

EL INFORMADOR / MARDIA MENDOZA